La juez deja a Rivas imputado por cohecho en Mercasevilla

  • La magistrada, eximida de nuevos asuntos por la sobrecarga del caso, rechaza archivar la causa al delegado de Empleo porque los cargos tienen "apariencia de verdaderos"

Comentarios 16

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha decidido mantener imputado por presunto cohecho en el intento de cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla al delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, al estimar que los cargos tienen "apariencia de verdaderos".

La magistrada ha dictado un auto en el que rechaza todos los recursos presentados tanto por las defensas de los cuatro imputados como por las acusaciones particulares que ejercen el Partido Popular y el PA, y en el que ordena que continúe el procedimiento contra Rivas y los otros tres imputados: los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y la directora de proyectos de la Fundación, Regla Pereira. La juez considera que existen "indicios sólidos" de la participación de Mellet y Ponce en el intento de cobro de una comisión de 300.000 euros a los hosteleros de La Raza, aunque reconoce que las pruebas son "más débiles" en el caso del delegado de Empleo y de la directora de proyectos.

El auto destaca que Antonio Rivas tuvo una "importante participación" en la concreción de la Escuela de Hostelería, "en encauzar el proyecto con la solicitud de la subvención y en el seguimiento de la tramitación de la misma". La instructora argumenta que si se pone en relación el "impulso decidido" del proyecto por parte de Rivas con las declaraciones incriminatorias de Mellet y Ponce, quienes aseguraron ante la Policía y en la Fiscalía -no en el juzgado- que reclamaron el dinero siguiendo las instrucciones del delegado de Empleo, el contenido de estas manifestaciones tiene "al menos apariencia de verdadero" y esta "verosimilitud" de la imputación es la que hace que continúe la causa contra Rivas.

La juez ha estimado, en el caso de Regla Pereira, que su imputación puede considerarse verosímil, a pesar de que su abogado defensor, Carlos Galán, alegó que no podía imputarse a esta empleada de Mercasevilla por el mero hecho de haber estado presente en las reuniones en las que presuntamente se exigió el cobro de las comisiones ilegales. El letrado recordó un auto dictado en el caso Gürtel, que dejó fuera del proceso al presidente de valenciano, Francisco Camps.

El auto de la juez Alaya desestima el planteamiento de las defensas de Mellet y Ponce, que habían argumentado que no podía imputárseles un delito de cohecho porque no tienen la condición de funcionarios públicos. La juez entiende, en cambio, que los dos directivos del Mercado central y la directora de Proyectos de la Fundación pueden ser considerados como funcionarios públicos a efectos penales porque así lo avala la jurisprudencia del Tribunal Supremo en casos como el de la quiebra de la textil Intelhorce o el caso Roldán, en los que la doctrina ha tratado como funcionarios públicos a los empleados de concesionarios de servicios públicos -como Mercasevilla-, a los gestores de empresas que prestan servicios públicos y a los empleados de entidades estatales.

La resolución de la juez Alaya también rechaza las alegaciones de Mellet y Ponce respecto a que su conducta podría ser atípica desde el punto de vista penal, puesto que no tenían capacidad de decisión sobre la concesión de la subvención para la creación de la Escuela de Hostelería. La juez señala que, si bien no tenían capacidad de decisión, sí estaba entre sus funciones "la solicitud de la subvención, el seguimiento del expediente y la gestión de la subvención concedida" que se atribuyó a Restauraciones Alazar, empresa que, recuerda la juez, a partir de ese momento se hizo con el catering de Mercasevilla.

La instructora, que ha convocado a las partes el próximo 10 de marzo para que puedan solicitar nuevas pruebas, concluye que la comisión podría haber sido solicitada para ellos mismos, para la Junta o para otro destino. "La supuesta comisión ilícita podría haberse solicitado de manera directa o indirecta por los inculpados en recompensa de las funciones desarrolladas por todos ellos ya fuera para su enriquecimiento propio, para Mercasevilla, para la Junta de Andalucía o para cualquier destino desconocido", sentencia la magistrada, que ha decidido mantener la fianza de 400.000 euros que impuso a cada imputado.

El auto hace una especial referencia al recurso de la acusación particular que ejerce el PSOE, que planteó el archivo de la causa contra Rivas y afirmó que no podía imaginar que el impacto mediático del caso influyera en la decisión de mantener la imputación. La magistrada considera esa afirmación "absolutamente inapropiada e injusta" e invita al abogado del PSOE a que si "tiene la menor duda de que la actuación se realiza fuera de la legalidad, impulsada por el eco de los medios de comunicación o por cualquier otra razón exótica", que actúe en consecuencia o en caso contrario "respete" su labor.

La junta de jueces decidió ayer eximir a la magistrada de tramitar nuevas denuncias y querellas, debido a la sobrecarga de trabajo por este caso y la investigación por delito societario al máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios