La crisis económica no sólo ha influido en el descenso de los divorcios sino también en una importante caída de las denuncias de violencia de género. Las estadísticas del Poder Judicial señalan que el año pasado se presentaron 6.647 denuncias de malos tratos, lo que supone una bajada del 15,06% con respecto a las 7.826 que se contabilizaron en el año 2011. Se trata de 1.179 casos menos en sólo un año, con una media de 3,2 denuncias menos cada día. El descenso de denuncias por violencia de género es especialmente significativo en la provincia de Sevilla si se comparan estos datos con la caída experimentada a nivel nacional, que es del 4,1%. Se ha pasado de 134.002 denuncias en 2011 a las 128.543 del año pasado.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, explicó este miércoles que una de las claves de que haya menos denuncias está vinculada a los efectos de la crisis económica. Según Montalbán, esta disminución puede ser debida al impacto de la crisis económica "tanto en la víctima como en su familia y en la propia sociedad, un impacto que no favorece que las mujeres salgan del círculo de la violencia". Es decir, la falta de recursos suficientes y el miedo a que la situación se complique al denunciar a su pareja puede influir en la decisión de seguir soportando esa situación de maltrato.

Los juzgados de la provincia de Sevilla ingresaron 8.565 delitos de violencia sobre la mujer el año pasado, de los cuales la mayor parte, 5.455, se corresponden con delitos de lesiones y malos tratos del artículo 153 del Código Penal, que contempla penas de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. En otros 1.460 casos se trata de lesiones y malos tratos habituales del artículo 173, que se castiga con penas de seis meses a tres años de cárcel.

Las estadísticas judiciales incluyen otros 198 delitos del artículo 148, que prevé penas de entre dos y cinco años de prisión a los maltratadores que hayan causado una lesión que menoscabe la integridad corporal o la salud física o mental de la víctima, que además haya requerido tratamiento médico o quirúrgico tras la primera asistencia facultativa.

Dos mujeres perdieron la vida el año pasado en la provincia a manos de sus parejas, una de ellas una joven de 26 años que fue asesinada en Estepa, mientras que la segunda víctima fue asesinada en la barriada de Monteflor de la capital por su marido, que acto seguido se quitó la vida arrojándose desde la azotea del bloque donde residía el matrimonio. Ninguna de las víctimas había solicitado una orden de protección. Los jueces de Sevilla acordaron precisamente el año pasado un total de 1.803 órdenes de protección.

Las estadísticas recopiladas por el Observatorio de Violencia ponen de manifiesto dos aspectos en los que se mantiene la tendencia de años anteriores: el número de renuncias por parte de las víctimas y los sobreseimientos provisionales antes de que el caso llegue a juicio.

De las 6.647 denuncias por malos tratos presentadas en 2012, las víctimas renunciaron a continuar el proceso en 993, lo que supone un 14,93%, un porcentaje muy similar al que hubo en 2011 -1.265 renuncias, 16,16%-.

En cuanto al archivo de causas antes del juicio, se han contabilizado 2.588, lo que representa el 38,93% del total de denuncias recibidas el pasado año. La mayoría de estos archivos se produjeron por no haber resultado justificada la perpetración del delito, algo que ocurrió en 2.554 denuncias, mientras que otros 104 sobreseimientos son libres y se deben a que no hay indicios racionales de haberse cometido ningún delito, asegura el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las estadísticas también reflejan que el porcentaje de condenas ni siquiera llega a la mitad de los presuntos maltratadores que son enjuiciados. El año pasado se sentaron en el banquillo de los acusados en Sevilla 678 personas imputadas por delitos de violencia de género, entre ellas cuatro mujeres. De este total, sólo fueron condenadas 288 personas, lo que implica una tasa del 42,5%, mientras que el resto, 390 enjuiciados, lograron una sentencia absolutoria. De las cuatro mujeres juzgadas, sólo una fue condenada.

De los 674 hombres juzgados, los jueces condenaron a 259 ciudadanos españoles y a 28 extranjeros, mientras que fueron absueltos 367 hombres españoles y 20 extranjeros. El 23% de los acusados eran cónyuges de las víctimas y un 11% ex cónyuges, mientras que casi un 30% tenían una relación afectiva y en el 35% ya habían dejado de mantener esa relación con la denunciante.