Sevilla

El desconcierto urbanístico sigue por resolver

  • El PSOE-A no lleva en su programa la autoridad única metropolitana

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Uno de los retos del Gobierno andaluz en los próximos cuatro años será poner orden en el área metropolitana tanto desde el punto de vista urbanístico, como en la organización de servicios. Con este empeño, se había postulado el secretario general de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, que, después de su intento por ser el hombre fuerte de la Gran Sevilla desde el Ayuntamiento hispalense, que no cuajó, ha encabezado la lista del PSOE al Parlamento autonómico.

Sin embargo, no podrá poner en marcha por ahora la autoridad política única que defendió para la aglomeración urbana, dado que para ello es preceptiva una ley autonómica que el PSOE no ha incluido en su programa electoral.

En lo que respecta al urbanismo, el mandato se cerró con un desconcierto total. Después del impacto que supuso el POTA (el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía) con el famoso límite del 30% y el 40% para el incremento de la población y el suelo urbano, respectivamente; se promulgaron el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), que permite excepciones a esos férreos topes cuando se trate de proyectos de especial interés y repercusión social. La Junta tiene sobre la mesa un aluvión de alegaciones entre las que tendrá que elegir sin agraviar a ningún municipio. Pero se da la circunstancia además de que, casi al final del mandato, se descafeinó este mismo POTA que tanta controversia suscitó ampliando el tope de las viviendas que se pueden construir en los municipios más pequeños y anunciando que los parques empresariales no contabilizarán dentro de los suelos que se ponen en carga para no frenar las posibilidades de desarrollo de un territorio. Todo ello tendrá que llevarse a la práctica a partir de ahora, compaginándolo con la mejora de los servicios que se prestan a unos vecinos cada vez más exigentes.

Los gobiernos socialistas, tanto de Madrid como de Andalucía, deberán también resolver los problemas de financiación de los ayuntamientos que han derivado casi a situaciones de quiebra con el parón del urbanismo, que se había convertido en una fuente principal de ingresos.

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