El gerente de la Fundación DeSevilla, gestionada por Izquierda Unida, aseguró ayer que la subvención municipal de 216.760 euros para Nicaragua no ha llegado aún al país centroamericano porque "el dinero está en la tesorería del Ayuntamiento sevillano" y añadió que la liberación de esos fondos, aprobada por el gobierno local el pasado 11 de diciembre, se espera que tenga lugar el próximo mayo, una vez se superen los trámites administrativos del convenio firmado, que suelen requerir al menos de dos a cuatro meses.

Según el expediente municipal aprobado, el dinero servirá para comprar material (ordenadores, motocicletas, camionetas y equipo de serigrafía) para un programa de alfabetización que llevará a cabo el Instituto de la Juventud de Nicaragua, un órgano del Gobierno de Daniel Ortega. El responsable de la citada fundación, Miguel López Adán, defendió la legalidad de este dinero integrado en los 990.000 euros que en total se destinarán a subvenciones para 13 proyectos de ayuda a Cuba, Nicaragua, Argelia, Palestina y Colombia. El gerente recalcó que se trata de subvenciones "nominativas" que sólo puede gastar la propia fundación comprando directamente los materiales o ejecutando las construcciones previstas en los proyectos, lo que significa que "no se pueden redireccionar a un tercero".

López Adán insiste en que los 13 proyectos de cooperación están sometidos a tres controles (dos externos y uno interno) y que la fundación tendría que devolver el dinero, si no cumple con la legalidad que rige los contratos de las administraciones públicas y la cooperación. Los dos organismos externos que emitirán sendas certificaciones son la consultora Deloitte, que emitirá un dictamen económico para demostrar si el dinero se ha invertido efectivamente en el proyecto previsto, y la Universidad de Sevilla, que certificará si la ejecución del proyecto se ajusta al precio de mercado y si satisface una demanda social del país en cuestión. El tercer control partirá del propio Ayuntamiento.

El gerente niega las acusaciones del PP de que la Fundación DeSevilla financia con este dinero al gobierno sandinista en el poder bajo la apariencia de convenios humanitarios y afirma que "es más rentable para el PP mentir y difamar todo lo que puedan con acusaciones que rayan en el delito y supondrían acabar en la cárcel".

El dirigente de la fundación reconoce que el interventor municipal puso pegas a este convenio, pero "no emitió un informe en contra" porque eso habría impedido aprobarlo en la junta del gobierno local. "El interventor cuestionó aspectos de forma, no de contenido" por subvencionar la compra de suministros, "pero sus consideraciones no fueron invalidantes", concluyó López Adán.