El comité de empresa del parque temático de Sevilla, Isla Mágica, reclamó hoy a la Consejería de Economía y Hacienda que convoque "ya" un nuevo concurso para la adjudicación del contrato de explotación del negocio, y dado que el consorcio Inverco-Martín Casillas ha formulado ofertas al procedimiento que se ha cerrado hoy, exigió igualmente que se "rebajen" las condiciones de gestión al objeto de despertar el interés de los inversores.

El presidente del comité de empresa, Joaquín Jiménez (CCOO), dijo a Europa Press que el hecho de que Inverco y Martín Casillas hayan decidido no concurrir al concurso, convocado para formalizar la salida de Cajasol y Unicaja del accionariado de Isla Mágica, prueba que las condiciones recogidas en el pliego de condiciones técnicas y administrativas son "inviables" para atraer a las empresas privadas, como ya venía denunciando él mismo al incluir el contrato una subida progresiva del canon y un arrendamiento del pabellón de España.

Jiménez recordó que si finalmente se declara desierto el concurso, la Consejería de Economía y Hacienda goza de un plazo de "seis meses" para convocar un nuevo procedimiento, aunque reclamó al departamento de José Antonio Griñán que "convoque ya" el proceso con una "rebaja" de las condiciones al amparo de la "legitimidad" obtenida al fracasar el primer concurso.

De cara a tal procedimiento, y con la vista puesta en el "futuro" del parque, el presidente del comité de empresa pidió que el próximo pliego de condiciones técnicas y administrativas "obligue" al adjudicatario a "inyectar dinero" anualmente para garantizar así la prosperidad del negocio, pues el pliego del concurso ahora cerrado contemplaba la obligación de mantener la actividad y la plantilla, así como indemnizar a las cajas de ahorro por las inversiones acometidas en los últimos años.

La sección de UGT en el parque, de su lado, respaldó a través de un comunicado la opinión de que las condiciones del pliego eran "excesivamente agresivas" y, "en ningún momento se hablaba de proyectos o inversiones", sino de términos "económicos". "El futuro inmediato pasa por un nuevo y último concurso que la Junta está obligada a convocar si éste queda desierto, con unas condiciones menos agresivas", señaló UGT alegando que Cajasol "debería ir a este concurso, pues el hecho de que no fuese y volviese a quedar desierto, nos acercaría a la liquidación y cierre de la empresa".

Este concurso obedece al acuerdo alcanzado entre la Junta, --propietaria de los suelos del negocio junto a la Agencia Estatal de Gestión de Activos (Agesa)--, y los principales accionistas, las cajas de ahorro Cajasol y Unicaja, al objeto de resolver la concesión administrativa de la que ambas gozaban en cuanto a la explotación del negocio.

En concreto, oferta una concesión administrativa para la explotación de este recinto por un periodo de 50 años estipulando un canon de 226.973 euros entre el primer y el séptimo año que se eleva a 983.061 a partir del octavo año en función de los derechos adquiridos por el adjudicatario para edificar hasta 45.407 metros cuadrados en el recinto, en el que 226.973 metros cuadrados se verán afectados por esta concesión administrativa.

A estas cuantías se debe sumar 100.000 euros por el arrendamiento del pabellón de España a Agesa y un tercer canon por la explotación de una parcela actualmente destinada a aparcamientos. Esta última cuantía se reduce a 3.966 euros entre los años primero y quinto, pero asciende a 257.612 euros a partir del sexto año.

El nuevo adjudicatario, de cualquier forma, está obligado a mantener la actividad del parque y los actuales puestos de empleo asumiendo también la deuda contraída por Isla Mágica en concepto de cánones e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la remuneración a los anteriores accionistas de los activos generados; esto es, la parte no amortizada de los bienes inmuebles o la compraventa de los bienes muebles hasta aproximadamente 37 millones de euros.