El Juzgado de Familia número 7 de Sevilla ha decidido separar a dos menores de edad tras el divorcio de sus padres porque uno de ellos, cuya custodia queda ahora en manos de la Junta de Andalucía, presenta una actitud "violenta y agresiva" hacia su madre.

La sentencia dictada por el magistrado Francisco Serrano, a la que tuvo acceso Europa Press, pone de manifiesto que las circunstancias "excepcionales" de dicha familia aconsejan la separación de los hermanos, uno de los cuales quedará "bajo la guarda y custodia de su madre" mientras que el otro deberá ingresar en un centro especializado para niños con problemas de trastorno de conducta y asocialidad dependiente de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

Asimismo, el magistrado descarta, por tanto, la "idoneidad" del padre para asumir esa responsabilidad porque consta que éste "nunca ha atendido adecuadamente a sus hijos, despreocupándose de su correcta alimentación, educación e incluso atención higiénica y sanitaria".

En este sentido, Serrano prosigue que "más lamentable" todavía es que el padre está "manipulando y utilizando a su hijo para hacer daño a la madre, en una auténtica estrategia de maltrato y violencia de género encubierta, en la que es el propio hijo el instrumento empleado para ocasionar ese perjuicio físico y psicológico".

De la misma manera, el magistrado explica que desde hace tiempo el menor "ha entrado en una auténtica dinámica de acoso y derribo a su madre, a quien agrede y provoca con el fin posterior de denunciarla cuando ésta reacciona ante dichas agresiones".

Por este motivo y aunque la madre ostenta capacidad e idoneidad para hacerse cargo de sus dos hijos, "materialmente no puede seguir siendo la víctima del comportamiento agresivo del mayor, y no sólo por ella, sino porque también, prolongar y mantener esa situación, puede provocar que se traslade y tenga influencia en el hijo menor".

Así las cosas, el juez Francisco Serrano ha establecido que el hijo problemático quede ingresado y tutelado en un centro del Gobierno andaluz hasta que supere sus problemas de relación, lo que implica "la supresión de las funciones de patria potestad por parte de ambos progenitores".