Los trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016 por la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), quienes denuncian su "exclusión" de la solución adoptada para las contrataciones temporales, han formulado alegaciones ante la Agencia Tributaria del Ayuntamiento, reclamando la anulación del expediente sancionador iniciado por un supuesto "exceso" de ruidos en las concentraciones que diariamente celebra el colectivo frente al Consistorio.

El expediente sancionador, recogido por Europa Press, parte de una "denuncia" formulada el pasado 9 de diciembre de 2016 por la Policía Local "delante del Ayuntamiento", por una supuesta infracción "leve" de la ordenanza de convivencia, que sanciona la "emisión de ruidos de cualquier naturaleza que por su intensidad, volumen u horario, excedan de los límites que exige la tranquilidad pública y la convivencia ciudadana". La propuesta de sanción de este expediente es de 50 euros.

Las alegaciones del colectivo señalan que la denuncia es "totalmente injustificada y desproporcionada, pues no existía motivo alguno" para la misma. "No existe motivación para imponer la sanción" y "no existe prueba alguna para imponer la sanción".

De otro lado, el concejal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), defendió ayer que el gobierno local socialista está "interesado" en resolver el conflicto de estos trabajadores.

En el pleno ordinario celebrado ayer, el portavoz del PP, Alberto Díaz, reclamó el "cumplimiento" de los acuerdos plenarios relativos a este grupo de ex trabajadores, toda vez que el concejal de Hábitat Urbano ha reclamado que si alguno de los partidos "tiene una solución, que la ponga encima de la mesa".