Sevilla

Las familias piden que siga en prisión el joven del accidente de Tablada

  • Creen que hay riesgo de fuga y que el acusado puede volver a "repetir" el delito

La acusación particular que ejercen los familiares de Rosa María Real Calero y Ángel Antonio Marrero Jiménez, la pareja de novios que falleció en el accidente ocurrido el pasado 30 de octubre en la avenida de Juan Pablo II de Sevilla, se han opuesto a que el conductor que provocó presuntamente el accidente, Javier Suárez Rodríguez, pueda ser excarcelado hasta que se celebre el juicio, previsto para el próximo 21 de septiembre. El abogado Manuel Parrilla Parrilla, que ejerce la acusación particular, se ha opuesto a la petición de libertad que realizó la defensa del acusado el pasado miércoles, una vez que tuvo que suspender el juicio previsto para ese día ante la incomparecencia de dos testigos del accidente.

En un escrito remitido al juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla, encargado de enjuiciar el caso, la acusación particular se opone a la petición de la defensa porque considera que la Audiencia de Sevilla se pronunció hace "tan sólo 86 días", en abril pasado, sobre este mismo asunto, cuando decidió que el joven Javier Suárez siguiera en prisión provisional por la gravedad de las penas que pueden imponérsele y la inminente celebración del juicio.

El abogado de las familias de las víctimas considera que "tan escaso tiempo transcurrido" desde la decisión de la Audiencia y, sobre todo, "la ausencia de cambio alguno en las circunstancias que dieron lugar a tal decisión, así como la proximidad de la celebración de la vista, obligan a mantener dicha medida, ya que cualquier alteración de la misma podría constituir un incumplimiento de una decisión acordada por un órgano jurisdiccional superior".

Manuel Parrilla justificó el mantenimiento de la prisión por el riesgo de fuga y la posibilidad de reiteración delictiva. El letrado señala en su escrito que la naturaleza del hecho delictivo resulta de "suma gravedad, tanto por el trágico resultado, como por la gravedad de las infracciones implícitas en la acción del imputado, tales como la elevadísima tasa de alcohol, y la conducción con absoluto desprecio de cualquier norma de circulación: se saltó varios semáforos en rojo y circuló a más de 100 kilómetros por hora". Por ello, considera que la gravedad de las penas puede "despertar la racional intención de fuga" del joven acusado, que al tratarse de una persona "sin esposa e hijos, bien pudiera emigrar sin mirar atrás". La acusación considera que si sigue en prisión preventiva puede evitarse el riesgo de que vuelva a delinquir, porque "una persona que es capaz de estar bebiendo durante horas y horas, bien podría repetir un episodio similar". Para la acusación, el procesado es un "individuo peligroso para la seguridad de los demás ciudadanos, al haber demostrado con tales hechos que carece de madurez y civismo para evitar ponerse al volante a pesar de beber incluso cantidades desorbitantes de alcohol".

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