'Caso Mercasevilla'

El fiscal está convencido de que se exigió "una dádiva, recompensa o mordida"

  • Mellet anuncia que no declarará en el juicio en "protesta" por la vulneración de sus derechos.

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El fiscal Anticorrupción ha mostrado hoy su “convencimiento” de que los cuatro acusados por el presunto cohecho en Mercasevilla pidieron una “dádiva, recompensa o mordida” de al menos 300.000 euros a los empresarios hosteleros de La Raza por hacerse con la gestión del proyecto de una escuela de hostelería en la Fundación Socioasistencial del Mercado central y que ya había recibido una subvención total de 900.000 euros por parte de la Junta de Andalucía.

En la primera sesión del juicio que se sigue contra los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, la directora de proyectos de la Fundación, Regla Pereira, y el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, el fiscal reprochó a los procesados que una vez concedida la subvención “decidieron obtener un beneficio ilícito” a costa de los hosteleros, cuyo papel se limitaba según el fiscal a hacer una aportación “técnica” al proyecto: la gestión de la escuela de hostelería. “Tengo el convencimiento de que se ha producido esa petición de comisión”, ha dicho el fiscal Juan Enrique Egocheaga a los miembros del jurado popular durante la exposición de las alegaciones previas al inicio de la vista oral.

El fiscal recordó que los acusados tiene el derecho a guardar silencio en el juicio e incluso “a mentir”, pero ha destacado que al igual que les avala el derecho a la presunción de inocencia, también deben “probar cualquier prueba de descargo” que aporten en su defensa, y ha hecho hincapié en la grabación por parte de los hosteleros de La Raza de la conversación en la que supuestamente se les exigía la comisión, una prueba sobre cuya validez el fiscal ha recordado que ya se pronunciaron a favor la propia juez instructora del caso, la magistrada Mercedes Alaya, la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El letrado Luis García Navarro, que ejerce la acusación popular en representación del dirigente del PP y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado precisamente que la grabación es la “gran prueba de este proceso” y ha recordado que de esa cinta han derivado otras tres investigaciones como el escándalo de los ERE fraudulentos, la venta de los terrenos de Mercasevilla y el posible delito societario en la entidad, que también se está investigando. El abogado de esta acusación no dudó en asegurar que el presunto cohecho de Mercasevilla es el “germen del mayor caso de corrupción en Andalucía en los últimos años” y añadió que la corrupción deber ser perseguida, incluso desde los tribunales del que hoy forman parte los ciudadanos elegidos como jurado.

El abogado de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla, Juan Piñeyro, ha explicado que los ex directivos de esta empresa pública no sólo han defraudado la confianza que la entidad depositó en ellos, sino que la Fundación ha sido “enormemente perjudicada” porque el dinero de la subvención no se ha entregado y además se ha causado un daño a la imagen de la misma, que ha quedado “asociada a la corrupción y al escándalo, y ese daño es muy difícil de reparar”.

Una buena parte de esta primera sesión del juicio se dedicó a la lectura de los escritos de acusación y de la defensa, entre la que destaca los más de 100 folios de descargo que presentó el ex director de Mercasevilla Fernando Mellet, quien ya ha anunciado que se acogerá a su derecho a no declarar en el juicio, como ya hiciera cuando lo citó la juez Mercedes Alaya.

El abogado José Manuel Carrión ha explicado que Mellet no declarará como “protesta” por la negativa de los tribunales a declarar la nulidad de la grabación que está en el origen del proceso y con la que, según ha afirmado el letrado, se vulneraron los derechos fundamentales de su cliente, al hacerse en su despacho, “invadiendo su intimidad y extrayendo con fórceps unas declaraciones”, todo ello de forma “subrepticia”, al emplear una grabadora que ocultaban los hosteleros.

“No entiendan que Mellet lo que hace es escurrir el bulto –al no declarar–, lo que hace es proteger sus derechos fundamentales que han sido violados” y protegerse de cara a los posibles recursos, ha insistido.

A pesar de los distintos pronunciamientos judiciales sobre la validez del procedimiento, Carrión ha señalado que la grabación es “inválida” y de ahí se deriva la invalidez “de todo el procedimiento”, porque además del derecho a la intimidad se ha “vulnerado su derecho a no declarar contra sí mismo”, dado que la grabación se va a oír durante este juicio. El letrado, que ha presentado dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional en relación con la grabación, criticó la actuación de los denunciantes, quienes a su juicio deberían haber acudido a la Policía una vez que supuestamente se les exigió el dinero. “Uno no se convierte en detective privado y se pone a grabar una conversación”, ha expresado con ironía el letrado, que añadió que el contenido de la conversación “se ha sacado de contexto” y la actuación de los hosteleros supone una “extralimitación que no debe ser permitida”.

La defensa alega que Mellet no pidió una comisión a los empresarios sino una “cofinanciación” del proyecto de la escuela de hostelería, ya que, según ha explicado, hacía falta dinero para empezar el proyecto porque la subvención de 900.000 euros tenía unos plazos de entrega de las cantidades que estipulaban para el primer año, 2009, la entrega de 100.000 euros y difería el resto de los plazos hasta 2011, mientras que la ejecución de la escuela estaba fijada entre diciembre de 2008 y agosto de 2009.

El juicio continua este martes, con la exposición de las alegaciones de la defensa del ex subdirector de Mercasevilla Daniel Ponce, de la directora de Proyectos de la Fundación Regla Pereira, y del ex delegado de Empleo Antonio Rivas.

La Fiscalía reclama para los cuatro acusados el pago de una multa de 900.000 euros y 21 meses de inhabilitación para cargo público, así como que en caso de impago de la multa se determine el ingreso en prisión por doce meses.

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