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L El juicio por el cohecho en Mercasevilla

El fiscal culpa a los acusados de pedir "una mordida" en una subvención

  • Los ex directivos del Mercado Central se declaran completamente inocentes al inicio de la vista oral por intento de cobro de una comisión de 450.000 euros · Mellet anuncia que no declarará como "protesta"

Alegato de inocencia y reproches de culpabilidad por parte de las acusaciones durante la primera sesión del juicio por el cohecho en Mercasevilla. El fiscal anticorrupción mostró ayer su "convencimiento" de que los cuatro acusados pidieron una "dádiva, recompensa o mordida" de al menos 300.000 euros a los hosteleros de La Raza por hacerse con la gestión del proyecto para una escuela de hostelería que ya había recibido una subvención total de 900.000 euros por parte de la Junta de Andalucía. En la primera sesión del juicio, los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, la directora de proyectos de la Fundación, Regla Pereira, y el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, proclamaron su inocencia ante los miembros del jurado.

En su alegato inicial, el fiscal reprochó a los procesados que una vez concedida la subvención "decidieron obtener un beneficio ilícito" a costa de los hosteleros, cuyo papel se limitaba según el fiscal a hacer una aportación "técnica" al proyecto: la gestión de la escuela de hostelería. "Tengo el convencimiento de que se ha producido esa petición de comisión", aseveró el fiscal Juan Enrique Egocheaga, quien censuró la conducta "reprobable" de los procesados.

El fiscal recordó que los acusados tienen el derecho a guardar silencio en el juicio e incluso "a mentir", pero destacó que al igual que les avala el derecho a la presunción de inocencia, también deben "probar cualquier prueba de descargo" que aporten.

La grabación que realizaron los hosteleros sobre la supuesta exigencia del dinero centró buena parte del debate jurídico que se suscitó ya en la primera sesión de la vista sobre la validez o no de esta prueba, que el jurado podrá escuchar en la sala esta mañana. El representante de la Fiscalía Anticorrupción hizo hincapié, para avalar la validez de la grabación, en que la misma ha sido avalada por la propia juez instructora del caso, la magistrada Mercedes Alaya, la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El letrado Luis García Navarro, que ejerce la acusación popular en representación del dirigente del PP y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, afirmó precisamente que la grabación es la "gran prueba de este proceso" y recordó que de esa cinta han derivado otras tres investigaciones como el escándalo de los ERE fraudulentos, la venta de los terrenos de Mercasevilla y el posible delito societario que también está en fase de instrucción. El abogado de esta acusación no dudó en asegurar que el presunto cohecho de Mercasevilla es el "germen del mayor caso de corrupción en Andalucía en los últimos años" y añadió que la corrupción deber ser perseguida, incluso desde los tribunales del que forman parte los ciudadanos elegidos como jurado.

El abogado de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla, Juan Piñeyro, explicó que los ex directivos de esta empresa pública no sólo han defraudado la confianza que la entidad depositó en ellos, sino que la Fundación ha resultado "enormemente perjudicada" porque el dinero de la subvención no se ha entregado y además se ha causado un daño a la imagen de la misma, que ha quedado "asociada a la corrupción y al escándalo, y ese daño es muy difícil de reparar".

El abogado José Manuel Carrión, que representa al ex director general del Mercado Central, anunció que Fernando Mellet no declarará en este juicio -tampoco lo hizo cuando le citó la juez Alaya- en señal de "protesta" por la negativa de los tribunales a declarar la nulidad de la grabación que está en el origen del proceso y con la que, según opinó el letrado, se vulneraron los derechos fundamentales de su cliente, al hacerse en su despacho, "invadiendo su intimidad y extrayendo con fórceps unas declaraciones", todo ello de forma "subrepticia" al emplear los hosteleros una grabadora que oculta. "No entiendan que Mellet lo que hace es escurrir el bulto -al no declarar-, lo que hace es proteger sus derechos fundamentales que han sido violados" y protegerse de cara a los posibles recursos, insistió el letrado dirigiéndose al jurado.

A pesar de los distintos pronunciamientos judiciales sobre la validez del procedimiento, Carrión señaló que la grabación es "inválida" y de ahí se deriva la invalidez "de todo el procedimiento", porque además del derecho a la intimidad se "vulneró su derecho a no declarar contra sí mismo", dado que la grabación se va a oír durante este juicio. El letrado, que ha presentado dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional en relación con la grabación, criticó la actuación de los denunciantes, quienes a su juicio deberían haber acudido a la Policía una vez que supuestamente se les exigió el dinero. "Uno no se convierte en detective privado y se pone a grabar una conversación", expresó con ironía el letrado, que añadió que el contenido de la conversación "se ha sacado de contexto" y la actuación de los hosteleros supone una "extralimitación que no debe ser permitida".

La defensa alega que Mellet no pidió una comisión a los empresarios sino una "cofinanciación" del proyecto de la escuela de hostelería, ya que, según explicó, hacía falta dinero para empezar el proyecto porque la subvención de 900.000 euros tenía unos plazos de entrega de las cantidades que estipulaban para el primer año (2009), la entrega de 100.000 euros y difería el resto de los plazos hasta 2011, mientras que la ejecución de la escuela estaba fijada entre diciembre de 2008 y agosto de 2009.

El juicio continuará hoy, con la exposición de las alegaciones de Daniel Ponce, Regla Pereira, y de Antonio Rivas. Los cuatro acusados se enfrentan a una multa de 900.000 euros y 21 meses de inhabilitación para cargo público.

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