El fiscal cree que se filtró el examen de las oposiciones de la Policía Local

  • Un juzgado abre una investigación tras la denuncia del Ministerio Público por prevaricación y revelación de secreto

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La Fiscalía ha solicitado al juez que se ha hecho cargo del caso del presunto enchufismo en las oposiciones de la Policía Local de Sevilla que tome declaración a todos los miembros del tribunal. Estas citaciones serían en principio en calidad de testigos y constituirían el inicio de la fase de instrucción del caso, que llevará el juez de Instrucción 9. El fiscal ha denunciado ante el juzgado unos hechos que considera que podrían incurrir en los delitos de prevaricación y revelación de secreto, al existir sospechas de que se filtraron exámenes.

El Ministerio Público ha reaccionado así a la denuncia que recibió por parte de un opositor, que informó de una serie de irregularidades en las pruebas de acceso a la Policía Local. En las dos convocatorias que se celebraron de manera simultánea entraron más de veinte hijos del cuerpo, entre ellos familiares de algunos miembros del tribunal de las oposiciones. Incluso se dieron casos de algunos hermanos y parejas sentimentales que obtuvieron notas similares y fallaron las mismas preguntas.

Paralelamente a la denuncia ante la Fiscalía, el grupo de asuntos internos de la Policía Local -Gepol- ya había abierto una investigación y tomado declaración a varios opositores, a raíz de la publicación en este periódico de un comunicado mediante el que un grupo de aspirantes denunciaban el enchufismo. El fiscal ordenó a este grupo policial que le diera traslado de sus pesquisas sobre el fraude en las oposiciones. Pese a que el alumno que presentó la denuncia ante la Fiscalía solicitaba la paralización del proceso de selección, el representante del Ministerio Público no ha pedido al juez ninguna medida cautelar en este sentido.

El fiscal -cuya denuncia no va dirigida contra ninguna persona o institución en concreto- sólo ha pedido la declaración de uno de los dos tribunales, al considerar que las presuntas irregularidades y filtración del examen sólo corresponden a una de las dos convocatorias. Ambos tribunales estaban formados en su mayoría por policías locales de Sevilla. Los dos estaban presididos por la misma persona, el superintendente Juan José García, jefe ejecutivo del cuerpo.

Entre los denunciados como intrusos por otros aspirantes figura precisamente un familiar de este responsable policial, que habría accedido a una plaza pese a que no disponía de la documentación sobre los carnés de conducir motos de gran cilindrada exigida en las bases. El fiscal considera que no habría ninguna irregularidad en este punto porque se produjo un cambio en el reglamento de tráfico.

Tres opositores que lograron plaza no disponían del carné de conducir tipo A en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Pese a que el fiscal no aprecia irregularidades en este punto, los tres primeros aspirantes que se quedaron sin plaza ya mostraron en su día su intención de denunciar el caso también ante la vía contencioso-administrativa para reclamar las plazas que consideran que les pertenecen en puridad.

Los opositores también habían denunciado públicamente otro tipo de prácticas, como la infiltración de silicona en los talones de una aspirante para que pudiera alcanzar la talla mínima de 1,60 metros, reconocimientos médicos fuera del plazo legal, dudosas marcas en las pruebas físicas, las relaciones familiares entre alumnos aprobados que habían cometidos los mismos fallos en el examen tipo test o la ausencia de algunos de los aspirantes a las pruebas de una de las dos convocatorias, entre otras cuestiones.

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