El fiscal ve pruebas "racionales" y niega indefensión en el 'caso Macarena'

  • El fiscal se ha opuesto a la petición de nulidad por haberse vulnerado la presunción de inocencia y no haber admitido unas pruebas que la defensa considera fundamentales.

El fiscal se ha opuesto hoy a las peticiones de nulidad presentadas por dos de los tres acusados por el pago de facturas falsas en el Ayuntamiento de Sevilla y ha dicho que las pruebas de cargo para acusarles han sido "racionalmente valoradas".

En un paso previo a la celebración del juicio con jurado, el magistrado Francisco Gutiérrez ha celebrado hoy una vista para escuchar la petición de nulidad por haberse vulnerado la presunción de inocencia y no haber admitido unas pruebas que la defensa considera fundamentales.

El letrado del ex secretario del distrito José Marín ha explicado que dicha nulidad deriva de que, en la fase de instrucción, no se admitió la declaración como testigos de los presidentes de dos asociaciones de vecinos y no se acordó pedir a la empresa de aguas Emasesa y a la Gerencia de Urbanismo información sobre determinados trabajos.

Según el letrado, las entidades municipales deben certificar que se hicieron nuevos trabajos en muchas de las 28 obras objeto de la acusación y los presidentes de los vecinos pueden certificar que los trabajos concluyeron a satisfacción, pese al informe en contra del perito judicial.

La abogada del empleado municipal Manuel Portela, acusado por haber certificado el fin de las obras, ha asegurado que su cliente ha sido acusado en vulneración de su presunción de inocencia, pero cuando el magistrado le ha recordado que no es el momento procesal de plantear tal cuestión, ha reconocido que lo ha hecho "por si acaso".

El defensor del tercer acusado, el empresario José Pardo, que facturó las 28 obras al Ayuntamiento, no ha planteado cuestiones previas.

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado condenas de hasta 4 años y 3 meses de cárcel para los tres acusados, que serán juzgados en los próximos meses en el primer juicio de trasfondo político planteado ante un jurado popular en la Audiencia de Sevilla.

En este caso quedó exculpado, en enero pasado, el ex concejal José Antonio García (PSOE) por la "doctrina Botín" que impide acusar a la acción popular, que en este caso ejercía el PA, si no lo hace la Fiscalía, una situación similar a la que libró al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en una denuncia por cesiones de créditos.

El "número dos" de la Fiscalía sevillana, Antonio Ocaña, se ha opuesto a las peticiones de nulidad y ha asegurado que en este caso todas las pruebas de cargo han sido "racionalmente valoradas" y "se han superado los controles para evitar la pena de banquillo y la acusación infundada".

"Los hechos son tenaces", ha afirmado el fiscal, quien ha asegurado que hay indicios suficientes de los delitos de malversación de fondos públicos y falsedad que imputa, y en cuanto a las nuevas pruebas solicitadas por el abogado de Marín, ha dicho que se trata de una petición "extemporánea", que no debe discutirse en este momento sino proponerse para la celebración del juicio.

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