El fiscal rebaja a dos años y siete meses la petición por el fraude de las dietas

  • El Ministerio Público aprecia como atenuante que los acusados hayan devuelto el dinero

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De cinco años de prisión a dos años y siete meses, más otros dos años y tres meses de inhabilitación especial para el cargo. Ésta es la importante rebaja de la petición de condena que la Fiscalía de Sevilla ha hecho este jueves para los cuatro policías locales acusados de defraudar 5.038,75 euros al Ayuntamiento con el cobro de dietas falsas por asistencia a juicios, hechos por los que se les atribuye un delito continuado de falsedad en documento público en concurso medial con otro delito de fraude y exacciones ilegales.

En su informe de conclusiones ante la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, el fiscal ha explicado que esta rebaja se produce al haber apreciado una circunstancia atenuante "muy cualificada" de reparación del daño, después de que los agentes imputados hayan devuelto las cantidades. El fiscal ha revelado que en su momento se intentó alcanzar un acuerdo con las defensas de los policías para tratar de rebajar la pena a los dos años de prisión y quitar la inhabilitación especial, pero es algo que no se podía hacer legalmente, porque "la ley es la que determina la pena". En cualquier caso, el fiscal, que en algunos momentos de su informe ha sorprendido porque parecía que estaba realizando más una defensa que una acusación, ha afirmado que "no era intención de hacer sangre sino aplicar la ley".

El representante del Ministerio Público ha añadido que si los agentes hubieran sido particulares la petición de condena podría haberse rebajado a un año y seis meses, pero "son funcionarios públicos", por lo que ha llegado a asegurar que “podemos criticar la ley, pero es la que hay”.

El fiscal, que ha reconocido que ha sido profesor de policías y por tanto este juicio le resultaba traumático, ha destacado que si hay condena supondrá "un gran quebranto" para los acusados, porque acabará con su modus vivendi, y ha abogado por el indulto. "Ojalá se pueda tramitar el indulto y que la posición de la Fiscalía sea lo más favorable. Ojalá hubiéramos llegado a ese acuerdo, pero hemos actuado conforme a la ley", ha aseverado.

En cuanto a los delitos que se imputan a los policías, el fiscal ha rechazado que se pueda aplicar otra atenuante de dilaciones indebidas, como plantean las defensas, porque entiende que estas dilaciones han sido "provocadas por las partes con los recursos" que han presentado durante la instrucción.

El fiscal también ha defendido el trabajo realizado por el juez de Instrucción número 7 de Sevilla, Fernando Martínez, del que ha dicho que, parafraseando la polémica frase del consejero de Justicia, Emilio de Llera, "se podrá decir de otros juzgados que son reinos de Taifas, pero este juzgado no lo es, porque no ha habido intención de perseguir por perseguir" a estos policías.Sobre los hechos que se imputan a los cuatro agentes, el fiscal ha defendido el "tremendo y fuerte" informe pericial, un estudio que de no haberse realizado habría hecho que el caso "quedara en nada", ha precisado el fiscal, que ha insistido en que 53 de los 63 documentos examinados fueron falseados con el tampón.

El juicio ha quedado visto para sentencia con la exposición de los informes de conclusiones de las defensas, que han pedido la absolución y subsidiariamente que se aplique además la atenuante de dilaciones indebidas y no se les considere a los agentes funcionarios públicos, para evitar la inhabilitación y la consiguiente pérdida de la condición de agentes.

En la primera sesión del juicio, los cuatro agentes, que pertenecían al Grupo Giralda, rechazaron que confeccionaran dietas falsas, al afirmar que asistieron siempre a los juicios para los que habían sido requeridos y rechazando de forma tajante que utilizaran un sello falsificado de los juzgados para cobrar las dietas.

La Fiscalía acusa a los agentes Enrique B. J., Antonio C. M., Emilio J. M. y Gerardo P. C., que en su día pertenecían al Grupo Giralda -la unidad especializada que patrulla de paisano en el centro-, de haber "tramado un plan" para cobrar las dietas por asistencia a juicio entre los años 2007 y 2011, año en el que se suspendió el abono de las dietas por el maltrecho estado de las arcas públicas. Hasta el verano de 2011, el Consistorio abonaba 34,75 euros a los agentes por asistir a actos judiciales fuera de las horas de servicio. Según el Ministerio Público, los cuatro agentes simularon la "asistencia a tales actos cuando efectivamente no asistían, utilizando diferentes caminos para cobrar las dietas". El fiscal enumera hasta tres formas de fraude. En ocasiones, estando citados en el atestado los policías locales correctamente, "no comparecen a juicio y, sin embargo, sellan la autocitación", y otras veces, "no estando citados a juicio, confeccionan una cédula de autocitación y proceden a su sellado, rellenando y presentando para su certificación al funcionario competente los correspondientes cajetines documentales que estaban en las cédulas de citación, en las que también habían estampado en ocasiones el sello del juzgado correspondiente" o utilizando el mismo método, usan en otras "un sello manipulado de forma tal que impide conocer a qué juzgado pertenece". 

La Fiscalía señala que también actuaron falsificando íntegramente las citaciones, reproduciéndolas de forma fotomecánica mediante una impresora para dar verosimilitud a la asistencia, además de manipular el sello de entrada de documentos en las dependencias de la Policía Local para conseguir la finalidad dicha o presentar certificaciones u otro documento habiendo falseado la firma del correspondiente secretario judicial. 

Esta investigación fue iniciada por la Fiscalía en una de las primeras actuaciones del Grupo Especial de Policía Local (Gepol), la unidad de asuntos internos que posteriormente adquirió una gran relevancia con la investigación del fraude en las oposiciones, en la que hay 37 policías procesados.

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