No hubo sorpresas ni retirada de los cargos contra Antonio Rivas y Regla Pereira, los dos acusados por el caso del cohecho en Mercasevilla contra los que hay, en principio, indicios más débiles. Después de diez intensas sesiones de juicio, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones que ejercen la Fundación Mercasevilla y el PP elevaron este martes a definitivas sus conclusiones provisionales, mientras que las defensas de los cuatro imputados reiteraron su alegato de inocencia. 

El informe del fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga sí sirvió para concretar algunas de las dudas que la juez Mercedes Alaya, instructora del caso, había sembrado respecto al origen de la petición de una comisión a los hosteleros de La Raza. Frente a las hipótesis apuntadas por la juez -que en el auto de apertura de juicio oral afirmó que el dinero se exigió para enriquecimiento propio, para Mercasevilla, para la Junta, para el PSOE o para cualquier destino desconocido-, el fiscal concretó este martes que la comisión se solicitó en beneficio propio. En su informe de conclusiones, el representante del Ministerio Público reprochó a los acusados que la exigencia de la comisión es un "claro intento de corrupción" que no debe quedar sin respuesta por parte de la sociedad, y aseveró que los cuatro acusados "quisieron hacerse ricos a costa de su cargo", en alusión a la disposición de fondos públicos por la posibilidad de conceder la subvención de 900.000 euros para la creación de una escuela de hostelería. 

El fiscal insistió en que pedir dinero de la forma en la que lo hicieron es un delito de cohecho, por cuanto "iban a trincar" o "a robar" a los hosteleros, como éstos mismos aseguraron que se sintieron cuando se les pidió una comisión de 300.000 euros y otros 150.000 euros para el pago de la acometida eléctrica de la nave que iba a albergar a la futura escuela. 

El representante del Ministerio Público cifró precisamente la petición de comisión en 450.000 euros, al entender que la solicitud del pago de la acometida eléctrica era en realidad "un disfraz, una excusa o un refuerzo" para poder aumentar la petición de dinero a los empresarios. 

La Fiscalía defendió la participación de los cuatro acusados en la "mordida", en la exigencia de una "comisión ilícita", y dijo que en el caso del ex delegado de Empleo Antonio Rivas, éste se encuentra "muy cerca de la subvención", de la tramitación de la misma que, según el fiscal, fue un proceso "muy largo" en el que intervino el ex alto cargo. 

En su alegato final, el fiscal también se refirió a la decisión del ex director de Mercasevilla Fernando Mellet de acogerse a su derecho a no declarar en el juicio y a la del ex subdirector Daniel Ponce, que sólo respondió a las preguntas de su abogado. "Cada uno es dueño de sus silencios, pero es esclavo de sus palabras", ironizó el fiscal, que recordó que estos dos imputados declararon ante la Policía Nacional y en la Fiscalía de Sevilla, asistidos de abogados y con la correspondiente instrucción de sus derechos, y ambos reconocieron la petición de la comisión y que ésta se solicitó siguiendo las instrucciones del ex delegado de Empleo Antonio Rivas. 

El fiscal subrayó que los acusados se acogieron a su derecho constitucional a no declarar, pero acto seguido aseveró que ese silencio también "se debe valorar" por el jurado popular e insistió en que el jefe de la Policía Judicial, el inspector que instruyó el atestado, ha ratificado en el juicio el contenido de esas declaraciones realizadas con todas las garantías por Mellet y Ponce. 

Sobre la directora de la Fundación Mercasevilla Regla Pereira, la acusación pública señaló que estuvo en la primera reunión en la que se exigió el dinero, que tuvo lugar el 16 de enero de 2009, y en un momento dado el empresario Pedro Sánchez Cuerda miró a esta persona, que era su interlocutora en el asunto de la subvención para el proyecto de la escuela de hostelería, y "no encontró ningún desmentido en lo que estaba diciendo" el directivo del Mercado Central Daniel Ponce. 

El fiscal explicó que, a su juicio, el delito de cohecho que atribuye a los cuatro acusados se inicia a partir del momento en que se concede la subvención de 900.000 euros -que "parece maldita" porque todo el mundo se quiere separar de la misma-, en diciembre de 2008, y no con anterioridad, porque si no se habría investigado la concesión misma de la ayuda en caso de que se hubiese detectado alguna sospecha de ilegalidad. 

El fiscal también destacó en su informe el papel que jugó en este caso el supuesto "conseguidor" de los ERE, Juan Lanzas, quien llegó a participar en varias reuniones con los responsables de la Junta durante la tramitación de la subvención y que se presentó como "asesor" de Mercasevilla y de los hosteleros. Es testigo, ironizó el fiscal, es como esa persona "que en una boda no la conoce ni el novio ni la novia, pero está en la boda, y su importancia es que estuvo en las reuniones en las que se habló de la subvención y se cumplieron sus consignas" dadas a los directivos para que buscaran un lugar, gente que conociera el negocio y "ayudas públicas". 

Uno de los debates jurídicos en torno a este caso guarda relación con la validez de la principal prueba de cargo de las acusaciones: la grabación realizada por los empresarios de la reunión del 27 de enero de 2009, en la que se reiteró la exigencia de la comisión, y que las defensas, sobre todo la de Fernando Mellet, consideran que es una prueba ilícita. El fiscal defendió la validez de la grabación, que fue avalada por la propia instructora del caso, la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y dijo que ha habido una "insistencia" de los directivos "por conseguir algo" de los empresarios. De la primera exigencia, continuó el fiscal, se pasa a las "rebajas" de la cantidad -en alusión a que en un momento dado les piden a los hosteleros 200.000 euros y "ya está"-, a los "disfraces" y a los "caramelitos", en referencia al ofrecimiento de hacerse con otros servicios de catering y cursos de formación. 

En la sesión de este martes comparecieron precisamente ante el jurado los peritos de la Guardia Civil que analizaron la grabación realizada por los hosteleros, quienes ratificaron el contenido de su informe respecto a que la grabación no ha sido manipulada y que la calidad de la misma supera los estándares técnicos para poder ser analizada. Un perito de la Policía Nacional concluyó, por el contrario, que la grabación tenía una "calidad insuficiente" para la realización del análisis y cotejo de las voces, por cuanto está "distorsionada y hay solapamientos, por lo que no sirve la calidad" del CD que le fue entregado para la práctica de su pericia.