La Fiscalía de Sevilla retiró ayer la acusación contra cuatro miembros del clan de los Caracoñelos -exiliado del Polígono Sur entre abril y agosto de 2009 tras un tiroteo en el que murió un menor de etnia gitana- que estaban imputados por un delito de usurpación tras ocupar las viviendas públicas que adquirieron a terceros en dicho barrio desfavorecido y que recuperaron el 31 de julio de 2009 pese a su precintado.

De este modo, tal y como informaron a Europa Press fuentes del caso, el Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla acogió en la mañana de ayer las dos primeras vistas orales por este caso, en la primera de las cuales declararon como acusados la pareja compuesta por Vanesa S. M. y José J. C., quienes se declararon inocentes y aseguraron que compraron por dos millones de pesetas a su anterior inquilino la vivienda, ubicada en la calle Luis Ortiz Muñoz.

Durante su declaración, Vanesa S. M. aseguró que llevan viviendo en el referido inmueble desde el año 2004, cuando su suegra le dio los dos millones de pesetas con los que pudieron pagar la vivienda, una compraventa que quedó reflejada únicamente en un "papel" con los datos personales de ambas partes. "Llevamos viviendo en ese piso siete años", añadió, señalando que en el verano de 2009 se fueron de allí "por miedo y asustados", pero "a los seis u ocho meses volvimos, y en el piso no había nadie viviendo".

Vanesa aseguró que entró con sus llaves en la vivienda, que además "no estaba precintada", y puso de manifiesto que no han recibido "ninguna notificación" desde la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) en la que diga que tienen que abandonar la casa. Su pareja, José J. C., ofreció la misma versión de los hechos y aseguró que si la situación de su vivienda "se pudiera legalizar", él lo haría.

"Allí lo que se hace es lo que hicimos nosotros -en referencia a que no firman contratos de compraventa ni inscriben la casa en el registro-, no se nos ocurrió poner el piso a nuestro nombre", según dijo José, quien añadió, asimismo, que nunca les "han cortado la luz ni el agua".

En el juicio declaró como testigo Diego Gómez Ortiz, gerente de la Oficina de Rehabilitación del Polígono Sur, dependiente de EPSA -que no se ha personado en este caso como acusación particular-, quien confirmó que esta pareja vivía en ese inmueble desde el año 2004 y que en ningún momento requirieron a los acusados para que abandonaran la vivienda.