El Estado ha fracasado en su litigio contra el recorte de las plusvalías en la cesión de Los Gordales, pero la sentencia dictada ayer por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sigue dejando en la más absoluta incertidumbre el proyecto de creación de la Ciudad de la Justicia en esta parte de Sevilla.

El motivo es que esta resolución, que ha tumbado las pretensiones de la Dirección General de Patrimonio del Estado, no es firme y puede ser recurrida aún por el Estado ante el Tribunal Supremo. Las Administraciones estatal y la Junta de Andalucía estaban negociando la posibilidad de que el pleito muriera en primera instancia, que ninguna de las Administraciones recurriera el fallo que ahora ha dictado el TSJA, pero a fecha de hoy sólo la Junta de Andalucía se había mostrado partidaria de ese pacto. El Estado no se ha pronunciado al respecto, como tampoco lo hizo cuando se le pidió que retirara el recurso presentado contra el nuevo planeamiento urbanístico.

Un posible recurso de Patrimonio del Estado bloquearía nuevamente y durante varios años -el Supremo suele tardar de media más de dos años en resolver los recursos, en función de la complejidad de los mismos- los planes de cesión de los terrenos de Los Gordales a la ciudad. Con ello no sólo se paraliza la Ciudad de la Justicia, sino que también pone en riesgo el traslado de otras iniciativas como la Feria de Abril al Charco de la Pava -previsto en principio para 2010-, el proyecto del futuro campus de la Universidad Hispalense o la creación de más zonas verdes en la barriada de Los Remedios. Además del campus universitario, que se emplazaría en los actuales terrenos de la Feria, el PGOU contempla equipamientos públicos y usos terciarios para esta zona de la ciudad. En principio, la Universidad de Sevilla pretende trasladar a este solar de Los Remedios la Facultad de Bellas Artes y la Escuela Politécnica, y el Ayuntamiento ha propuesto asimismo la creación de una biblioteca para el barrio.

El litigio promovido por la Dirección General de Patrimonio del Estado contra la aprobación definitiva del PGOU se sustentaba básicamente en el recorte de las plusvalías urbanísticas que impuso la Junta al Ayuntamiento durante la última fase de redacción de la norma. El recurso se extendía a otras tres parcelas más de titularidad estatal, en las que Patrimonio consideraba que la calificación que el PGOU otorgaba a sus propiedades era "arbitraria", carecía de motivación y atentaba contra el principio de autonomía local.

La sentencia del Alto Tribunal andaluz desmonta los argumentos de la Administración estatal y ratifica el recorte de las plusvalías que acordó la Junta de Andalucía, responsable en última instancia de la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico.