Al margen de la polémica suscitada sobre la cobertura de la baja de un funcionario en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, lo cierto es que ningún empleado de este órgano judicial tramitó durante cinco meses la ejecución de la sentencia que condenó al presunto asesino de Mari Luz Cortés por los abusos sexuales a su propia hija y por la que tenía que haber sido encarcelado por dos años y nueve meses.

La ejecución de esta sentencia no contó con la funcionaria encargada de su tramitación entre el 29 de marzo de 2006 y el 22 de agosto de ese mismo año y nadie se encargó de sus ejecutorias durante ese período, según han confirmado a este diario fuentes próximas al juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. La causa principal de esta situación fue la baja por enfermedad de la funcionaria del cuerpo de tramitación cuya identidad responde a las iniciales M. F. G. R. Esta mujer era la encargada de la ejecutoria número 31/06 correspondiente a Santiago del Valle García. El retraso de 40 días en su sustitución por un interino, el posterior disfrute de las vacaciones por parte de la funcionaria titular y, en última instancia, la petición de traslado de la trabajadora a otro juzgado motivaron que la plaza quedara libre durante cinco meses.

En el expediente administrativo, al que tuvo acceso este periódico, consta que la funcionaria M. F. G. R. se dio de baja por un esguince de tobillo el 29 de marzo de 2006 y el juzgado solicitó la cobertura de la misma al día siguiente, pero no es hasta el día 19 cuando la delegación de Justicia acuerda la sustitución en la comisión paritaria de interinos. La plaza se cubre el 8 de mayo, es decir, 40 días después de producirse. La sustituta cesa a los tres días, el 10 de mayo, por la incorporación de la funcionaria titular.

En el expediente figura a continuación que con fecha 10 de julio de 2006 cesan en sus puestos dos funcionarios de tramitación de este juzgado, entre ellos M. F. G. R., quien antes de cesar disfrutó de su mes de vacaciones correspondiente.

Estas dos vacantes fueron sustituidas por interinos con experiencia previa -aunque en otras jurisdicciones- el 31 de julio y el 22 de agosto, esta última fecha en el caso de la funcionaria que tramitaba la causa de Santiago del Valle. La nueva funcionaria, que procedía de un juzgado de Menores, se hizo entonces cargo de la parte que le correspondía de las 600 ejecuciones que tramita en la actualidad el juzgado de lo Penal número 1 y de las que se encargan tres funcionarios.

Aunque esta situación explica que la ejecución de la condena del presunto asesino de Mari Luz estuviera paralizada durante estos cinco meses (hasta agosto de 2006), a lo que no responde es a por qué el juzgado no realizó ninguna actuación procesal hasta septiembre de 2007, cuando la secretaria ordenó que se procediera a la detención e ingreso en prisión de Santiago del Valle, una orden que paradójicamente nunca llegó a la Policía. En el periodo que tenía que estar en prisión, el pederasta mató presuntamente a la pequeña Mari Luz Cortés en la barriada onubense del Torrejón.

Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, exigió ayer a la Junta que tome medidas ante la "auténtica descoordinación judicial en lo que compete a la Administración regional" en vez buscar "excusas y mirar para otro lado". Según indicó Sanz en rueda de prensa, la Consejería de Justicia no debe "escurrir el bulto como ha hecho" tras el "cúmulo de despropósitos" en relación con el principal acusado de la muerte de la pequeña Mari Luz, por lo que insistió en la "necesidad de una investigación a fondo".

El secretario popular pidió directamente al Gobierno andaluz que no "escurra el bulto", porque esta "descoordinación" es "responsabilidad de la Junta, que no puede ocultar la carencia de medios materiales y personales" en materia de Justicia.

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