Sevilla

El gobierno de Espadas apuesta por un hotel en la comisaría de la Gavidia

  • El PSOE lamenta la recalificación promovida por el PP, que para este uso era innecesaria, y dice que "no existe" un comprador, como decía Zoido. Ahora mantendrá el cambio y buscará clientes.

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El nuevo gobierno de Juan Espadas se quiere deshacer de "la rémora" que supone el edifico de la antigua comisaría de la Gavidia, vacío desde 2003 e inmerso desde 2012 en un enredo urbanístico que ha dificultado cualquier operación en el céntrico inmueble, cuya vigilancia supone al año un coste de más de 150.000 euros. La primera opción sería apostar por un establecimiento hotelero antes que por una gran superficie comercial, lo que a juicio del PSOE empeoraría el tráfico en el centro, pero no se descartan otras ofertas que permitan concluir en breve con este proceso.

El proyecto para dar uso a la sede policial supone para el Ayuntamiento de Sevilla una asignatura pendiente desde los mandatos de Alfredo Sánchez Monteseirín, que Juan Ignacio Zoido se comprometió a resolver vendiendo el inmueble al mejor postor. Una década después, la Gavidia sigue cayéndose a trozos y pesa como una losa en manos del nuevo alcalde, Juan Espadas, el encargado ahora de buscar compradores para un edificio que se recalificó pese a su oposición y que tiene difícil encaje en el mercado inmobiliario.

¿Por qué? Los agentes consultados consideran que está situado en "segunda línea"; que, al estar protegido, requiere por tanto de una costosa rehabilitación; y, además, no permite la posibilidad de contar con un parking subterráneo asociado, atractivo clave para cualquier superficie comercial.

Parte del retraso que ha ido acumulando este proyecto tiene que ver con la iniciativa adoptada por el anterior alcalde popular, que inició los trámites para cambiar el PGOU y permitir que dicho edificio pudiera tener un uso comercial, pues la catalogación que tenía era de suelo de interés público y social. Monteseírin ya intentó su venta sin éxito y Zoido aseguró que podría hacerlo, llegando a esgrimir la existencia de varios inversores interesados en su propósito por agilizar los trámites enconados en la Junta de Andalucía. Pero, una vez superado el pulso entre las dos Administraciones, el nuevo gobierno asegura que no hay constancia alguna de compradores interesados, como apuntaba Zoido, y busca ahora la fórmula para culminar la operación, pues no parece dispuesto a revertir esa nueva calificación urbanística. El delegado de Hábitat Urbano llegó a decir este sábado que estudiarán la situación para ver dónde está el problema, si en el precio -en 2012 se fijó para su enajenación un valor de nueve millones de euros- o en las limitaciones que supone su rehabilitación, pues el edificio es intocable. "Hay que revisarlo porque otros inmuebles del centro sí se están vendiendo", apuntó el edil.

La vieja comisaría es un hito de la arquitectura del movimiento moderno en España y es parte del patrimonio inmueble de Andalucía, a pesar de que su estética causa rechazo entre la ciudadanía en general. Fue realizado en acero, vidrio y revestido de piedra y diseñado por el arquitecto catalán Ramón Montserrat, que luego renunció a dirigir la obra, ejecutada entre 1963 y 1964 por el estudio sevillano Arquinde, liderado por Ángel Díaz Domínguez y Jaime López de Asiaín.

La ciudad compró el edificio, propiedad del Ministerio del Interior, por doce millones de euros e 2005, a cambio de que ese dinero se utilizase en la construcción de una serie de comisarías de la Policía Nacional repartidas por toda la ciudad. El Ayuntamiento pagó y aún está pendiente de construcción algunas sedes policiales.

De hecho, desde un primer momento resultó ser un mal negocio. La negociación arrancó en 2002, cuando Monteseirín gobernaba en coalición con el PA. Ya entonces la comisaría fue abandonada por Interior por encontrarse en un estado ruinoso. Doce años después, su situación es aún peor y cualquier uso que se quiera dar al inmueble supone para el comprador una operación costosa y difícil, mientras que en la ciudad continúa el debate sobre las diferentes opciones de uso que podría tener un edificio situado en una zona con déficit de espacios públicos.

El PP defiende ahora otros usos culturales

El gobierno del popular Juan Ignacio Zoido defendió en el anterior mandato la venta de la  antigua comisaría al mejor postor, una enajenación que permitiría aliviar las arcas municipales. Por ello, promovió la recalificación necesaria para que un espacio clasificado de interés público y social, albergara un centro comercial. Ayer, desde la oposición, el concejal Gregorio Serrano defendió que esos usos ya permitidos son "perfectamente compatibles" con actividades culturales en dicho inmueble. Un espacio para la cultura donde el PP había ideado la instalación de una gran superficie comercial Serrano argumentó que lo interesante ahora es "dinamizar" el centro de la ciudad y que tanto una como otra actividad, que insistió en que son compatibles,  derivarían en "empleo y economía". Para el PP, lo importante es que el proyecto  se desbloquee y el edificio se convierta en un "espacio útil",  apuntó el concejal para garantizar el apoyo de su grupo a cualquier idea "razonable" para el futuro de este céntrico inmueble.

Un argumento de 20 millones y 150 empleos en el aire

El ex alcalde Zoido se mostró siempre convencido de que vender la Gavidia no sería imposible, pero concluyó su mandato sin que la operación se pudiera culminar. No obstante, a mediados de 2012, cuando el trámite para recalificar el inmueble apenas se había iniciado, el entonces primer edil aseguró que había ya varias firmas interesadas en comprar ese edificio para invertir entre 18 y 20 millones de euros -cantidad muy superior a la presupuestada en 2012 en previsión de esa enajenación, que era de nueve millones- y con la idea de crear puestos de trabajo en la reconstrucción de ese edificio y también en su posterior etapa como uso comercial, disponiéndose en torno a 150 puestos de trabajo directos. Cifras sin duda golosas para unas arcas municipales bastante necesidades y argumento de peso para defender la necesidad de cambiar el PGOU, pese a las reticencias iniciales de la Junta de Andalucía, que debía autorizar la modificación.

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