Honrarás a tu padre y a tu madre, aprendieron de pequeños, pero los cuervos olvidan con facilidad. Joaquín y Josefa son dos ancianos octogenarios de Sevilla que el pasado jueves fueron desahuciados de su casa por la Policía Nacional tras una orden judicial dictada a raíz de una denuncia de su hijo. La noticia sobrecogió, entre otros, a Agustín Rubiales, que ayer, horas después de ver las imágenes por la televisión, "tenía los vellos de punta". Tan hondo le llegó la fechoría que en la mañana de ayer decidió cederles un piso en la calle Santa María de Cádiz. "Es un piso bajo, de un dormitorio, con salón, cocina y cuarto de baño", explica el benefactor, que incluso avanza que estaría dispuesto a realizar algunas reformas en la vivienda para que la encontraran de su total agrado y "hasta amueblársela".

Rubiales insistió en que "durante todo el tiempo que les quede de vida, que Dios quiera que sea mucho, me comprometo a cederles esta vivienda para que la disfruten con renta cero. Me dio tanta pena ver la noticia que pensaba que una cosa así no podía suceder en la vida. Qué cosa más terrible, un hijo echando a la calle a sus padres, dos ancianos, lo pienso y me pongo malo", declaraba el constructor gaditano.

Por la tarde, el abogado de los ancianos, Jorge Conejo, acogió la noticia de buen grado y comentó que cree que pueden aceptar "porque Cádiz es un sitio magnífico para vivir". "Ellos son de Sevilla y han pasado toda su vida aquí, pero teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran no me extrañaría nada que aceptaran este ofrecimiento tan amable", comentó.

Joaquín Ortega Portillo y Josefa Rueda pasaron la noche en una residencia cercana a su domicilio. "Ellos tienen tres hijos, el mayor, Joaquín Ortega Rueda, que es quien tan bien se ha portado, y dos más, una hija que ha pasado olímpicamente del tema y uno pequeño que sí ha mostrado algo de interés", indicó el abogado.

El matrimonio denunció hace un mes una supuesta estafa por parte del mayor de sus hijos para quedarse con el piso en el que vivían en Sevilla y del que fueron desalojados tras ejecutarse la orden judicial. Habían evitado en un primer momento dejar el inmueble el pasado 26 de enero, fecha para la que estaba prevista la primera orden de desahucio, que fue aplazada por el juez debido a la invalidez de Joaquín, aunque en esta ocasión el médico forense estimó que estaba en condiciones de cumplirla.

"Lo único que quiero es darle las gracias al juez, que ha gestionado la Justicia con tanta humanidad", comentó con ironía Joaquín en declaraciones a este periódico antes del desalojo: "El juez es un criminal. Esto va a acabar con mi mujer y entonces yo voy a matar a mi hijo. Señores guardias, voy a matar al canalla de mi hijo, con lo bueno que he sido siempre para él".

Durante el desahucio, que duró casi tres horas y media, Josefa se mostró nerviosa y lloró sin parar y Joaquín tuvo que ser atendido por el médico. El plazo que el juzgado de Primera Instancia 2 daba a los dos ancianos para que abandonaran la vivienda del número 19 de la calle Torreblanca, en la Macarena, expiraba a las diez de la mañana del jueves. A esa hora el piso estaba lleno de periodistas. Un forense examinó a Joaquín para comprobar si se podía desalojar el domicilio y, tres horas y media después, los ancianos abandonaron la casa por sus propios medios. "El forense me ha dicho que estoy perfecto, que no tengo nada, como si no tuviera un 100% de invalidez, como si pudiera meterme a astronauta ahora mismo", se lamentaba Joaquín durante el desahucio.

Los dos ancianos llevan 64 años juntos. La noche del jueves la pasaron en casa de un familiar y luego, según comentó ayer su abogado, han ingresado en una residencia que les ha buscado su asistenta social.

El piso del que fueron desahuciados fue comprado por la pareja en 1971, pero por error en el contrato de compraventa figura el nombre del hijo, Joaquín Ortega Rueda, en vez del padre, Joaquín Ortega Portillo. Veinte años después, el hijo compró el piso al mismo constructor ante notario y con escrituras, por lo que el contrato que tiene validez jurídica es éste.