La industria del reciclaje en riesgo

  • El robo en los puntos limpios y el mercado negro en las chatarrerías frenan la actividad que evita que los productos eléctricos usados dañen el medio ambiente. La planta de mayor gama de toda España está en Sevilla.

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¿El fin de la industria del reciclaje en Sevilla? Esta pregunta se la hace a diario Leonardo Díaz, gerente de la Recilec, empresa que se dedica desde hace una década a dicha labor en el Parque de Actividades Medio Ambientales (PAMA) de Aznalcóllar y que en pleno aniversario de su puesta en funcionamiento se enfrenta a uno de los problemas que más está debilitando el sector: los robos y la competencia desleal. En un solo año esta planta, la que alberga la mayor gama de reciclaje de España, ha pasado de recibir 22 millones de aparatos para ser transformados a 12, lo que ha obligado a un reajuste en la plantilla.

Los efectos van más allá de la pérdida de trabajadores, pues el hecho de que estos aparatos no lleguen a las plantas de reciclaje que cuentan con autorización para dicha actividad provoca que la mayor parte de los elementos altamente tóxicos acaben dañando el medio ambiente, motivo por el cual muchos empresarios del sector exigen mayor beligerancia a las administraciones para impedir esta situación.

Recilec comenzó a funcionar el 12 de mayo de 2004. Su creación surgió a propuesta de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía antes de que en junio de 2005 se aprobara el real decreto por el que se regula la recogida de aparatos eléctricos y electrónicos, normativa con la que se atiende la directriz europea sobre este asunto. Para constituir la empresa se contó con dos socios mayoritarios que ya acumulaban experiencia en el sector: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) e Indumetal Recycling, con el 37,5% del capital cada uno. A ellos se sumaba el citado organismo público que posee un 25% de participación. En aquella fecha la inversión era de 9,2 millones de euros, cantidad que a día de hoy alcanza los 11,5 millones.

El 90% de los productos para ser transformados que recibe esta empresa -única por su dimensión y características en Sevilla, por lo que puede decirse que es el principal representante de la industria del reciclaje en la provincia- proceden de los sistemas integrados de gestión (SIG), esto es, los órganos formados por los fabricantes de dichos productos para reciclarlos y en los que participan en función de su cuota de mercado. Estos SIG se constituyeron al obligar la normativa española a los ciudadanos a pagar una tasa de reciclaje cada vez que se compra un artículo de estas características, importe que pasa a manos del fabricante para aportarlo a los referidos sistemas.

En España actualmente hay ocho SIG (cada fabricante decide con quién se adhiere), que contratan a empresas de reciclaje como Recilec o negocian con los puntos limpios que gestionan ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades. Estos puntos son los que separan los residuos y los trasladan luego a las empresas referidas. Andalucía cuenta actualmente con 130 instalaciones de este tipo, mientras que en Cataluña la cifra se dispara a más de 400. Los puntos limpios se enfrentan actualmente a un grave problema: los continuos robos que sufren por parte de bandas organizadas, dedicadas a extraer el material valioso (cobre, aluminio y hierro) y que abandonan sin protección los más tóxicos (mercurio, plomo, aceites y gases refrigerantes).

En palabras del gerente de Recilec, existen tres "comportamientos" que están menoscabando la escasa industria medioambiental que atesora Andalucía. Uno es el mencionado anteriormente: la "canibalización" de los aparatos eléctricos y los robos que se llevan a cabo en los puntos limpios. El segundo se produce en los locales donde se venden dichos artículos, en los que, a la hora de recoger el aparato usado, éste se entrega como parte del pago a los transportistas, que finalmente los venden a las chatarerrías, donde el desguace se realiza sin respetar la normativa medioambiental. El último factor, según Leonardo Díaz, es el envío "masivo" de aparatos eléctricos a países con una economía más deficitaria (como algunas ciudades marroquíes, chinas, indias o de Pakistán), en las que, "bajo el manto de la reutilización", se procede también al desguace de estos artículos, de los que se aprovechan los materiales valiosos y se quema el resto, con la consiguiente emisión de gases tóxicos a la atmósfera y el perjuicio a la capa de ozono y el calentamiento global que se genera.

A ello se une la competencia desleal entre las comunidades autónomas, lo que induce al "tráfico de aparatos desechados". Según Díaz, hay autonomías en las que se permite mayor flexibilidad a la hora de tratar los residuos electrónicos. Es el caso de Extremadura, donde la normativa no obliga a extraer los gases de los equipos refrigerantes, mientras que en Andalucía la Junta establece que han de ser envasados para luego licuarlos y exportarlos a las plantas de incineración de Bélgica o Francia (en España no existen), lo que encarece notablemente el procedimiento. No en vano, por cada tonelada de gases tratada se desembolsan 3.400 euros. Por tal motivo, son muchos SIG o particulares los que optan por enviar los productos utilizados o ya desechados a Extremadura, con el consiguiente perjuicio económico para las empresas de reciclaje en Andalucía.

Ante esta situación, Recilec exigirá al Gobierno que en el próximo decreto que se prepara sobre esta materia se obligue a las comunidades a aplicar los mismos criterios en el proceso de tratamiento de los residuos eléctricos.

A ello unirán su petición de que aumenten las inspecciones y las sanciones -hasta conteplar el cierre, incluso- de las instalaciones que no cumplan la normativa. "Es la única manera de acabar con la competencia desleal que arruina el sector", sentencia el gerente de Recilec.

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