La Junta de Andalucía no ha cumplido con el requisito de entregar al Estado los informes necesarios para la tramitación medioambiental del trazado que debía conectar la parcela donde se proyectaba la segunda tienda de Ikea con la SE-20. Así se deja claro en el informe interno del Ministerio de Medio Ambiente, donde se culpa a la Administración autonómica de no haber hecho los deberes en esta cuestión: "A pesar del requerimiento, no se ha recibido el informe del órgano con competencias en materia de medio ambiente de la Junta de Andalucía". El último requerimiento fue el pasado 16 de agosto, según se precisa, pero no se ha obtenido respuesta en casi cuatro meses. Este trazado era vital para que Ikea pusiera en marcha su proyecto en los terrenos de San Nicolás Oeste, junto al aeropuerto. Sin conexión con la referida circunvalación, no tenía ninguna viabilidad un centro comercial de las características del protectado por la multinacional sueca. La compañía, tras seis años de gestiones, decidió tirar la toalla hace unos días. La principal razón es, precisamente, la lentitud de las administraciones en la tramitación del trazado. El Estado redactó a finales de noviembre un informe interno donde se deja constancia de la apertura de la "evaluación de impacto ambiental simplificada" con fecha del pasado 26 de abril, sin que la Junta se haya pronunciado hasta ahora.

El Estado avanza en el mismo informe que, "a priori", ve factible resolver favorablemente la citada evaluación simplificada "si se tienen en cuenta ciertos impactos potenciales puestos de manifiesto: conectividad de la avifauna, acústicos, afecciones a cauces". A este respecto, el Ministerio de Medio Ambiente asegura que solicitará al promotor (Ministerio de Fomento) a la mayor brevedad la modificación de ciertos aspectos para evitar impactos ambientales "significativos". Para lo cual incluso se admite que se contactará "informalmente" con Fomento para que haga las subsanaciones.

Medio Ambiente veía factible "a priori" una declaración de impacto positiva

Ikea, en cualquier caso, se ha cansado de esperar y lo hizo público el pasado noviembre. La multinacional sueca se hartó de oír promesas de tres alcaldes distintos y ya no esperará a que se den las condiciones adecuadas para abrir un centro de esas características. El Ayuntamiento se ve obligado a promover el desarrollo urbanístico de los suelos con otros agentes comerciales. En la decisión de Ikea, comunicada por escrito a los diferentes propietarios de los terrenos, tal como avanzó Diario de Sevilla, la multinacional plantea su objetivo de llegar a un acuerdo amistoso para resolver el pacto alcanzado en su día para explotar los terrenos. El proyecto está empantanado desde 2011. No sólo no ha dejado de toparse con escollos administrativos, sino también con un cambio sustancial de las circunstancias. En la ciudad funcionan ya otros centros comerciales con éxito rotundo o van a hacerlo en un futuro próximo, caso del anunciado para las instalaciones del Puerto de Sevilla, promovido por el alcalde socialista Juan Espadas, lo que supondrá una revalorización de las infraestructuras portuarias, o el de Palmas Altas, donde habrá hasta un lago artificial de 6.000 metros cuadrados como principal atractivo, según se presentó recientemente con el aval del actual gobierno de la ciudad. A eso se suma que Costco funciona ya en los terrenos del Higuerón, donde se espera la llegada de nuevas firmas comerciales, pues el terreno está urbanísticamente a punto. En seis años, el panorama de la oferta de centros comerciales ha cambiado en la capital. Y aunque no se trata de negocios directamente relacionados con el mueble, como es el de Ikea, es sabido que todo centro comercial de la multinacional sueca genera una actividad tan potente en su entorno inmediato que, en este caso, sí podrían estar ya satisfechas las necesidades presentes o futuras de los negocios satélite en los emplazamientos ya citados.

La multinacional se marcha harta de oír las promesas de tres alcaldes distintos

Contra los intereses de Ikea ha jugado, por supuesto, la tardanza en tener a punto el trazado especial, clave para dar respuesta a la demanda de clientes que hubiera generado el negocio, pese al convenio del Gobierno de España con el Ayuntamiento para desarrollar la iniciativa. El coste de los accesos era de 13,3 millones de euros. También ha influido la falta de acuerdo entre los propietarios de los terrenos en determinados puntos básicos, unos titulares que ahora ven como se aleja el principal aliciente que iban a tener los terrenos.

Sevilla pierde una inversión presupuestada en 360 millones y un impacto de hasta 7.000 puestos de trabajo después de más de seis años de gestiones.