Un año en vano. El TSJA lamenta en la memoria que los 13 nuevos juzgados unipersonales que se iban a crear este año en Andalucía no entrarán en funcionamiento debido a las elecciones generales y a la "interinidad" del actual Gobierno, que "ha dado al traste con tales previsiones", que incluían además de los juzgados un número no concretado de plazas para órganos colegiados, tanto en algunas audiencias provinciales como en la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz.

El informe insiste en que las necesidades de planta judicial no están cubiertas y coincide con el máximo órgano de gobierno de los jueces en que resulta "ineludible e inaplazable la ampliación de la planta judicial, sin perjuicio de cuantas otras medidas competan a los diferentes poderes públicos en orden a la mejora y modernización del sistema judicial".

La petición que realiza el Alto Tribunal para Sevilla es de ocho nuevas plazas, una de ellas de magistrado para las secciones Civiles de la Audiencia Provincial, y el resto para órganos unipersonales. Así, el TSJA apuesta por crear dos nuevas plazas en los juzgados de Primera Instancia, otras dos en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de las localidades de Dos Hermanas y Sanlúcar la Mayor, y una para cada uno de los juzgados de lo Mercantil, de lo Penal y de lo Social, jurisdicciones tradicionalmente sobrecargadas de trabajo en los últimos años.

A nivel andaluz, el TSJA reclama la creación de 18 plazas judiciales en órganos colegiados -nueve plazas de magistrado para las secciones y salas de apelación penal del TSJA y nueve plazas para las Audiencias provinciales- y 38 plazas para órganos unipersonales.

En materia de infraestructuras judiciales, el informe critica que salvo contados casos, la situación es la misma de "todos los años", y se refiere especialmente al "estancado" proyecto de la Ciudad de la Justicia, sobre el que la única información disponible y comunicada por la Consejería de Justicia es que "se ha constituido con el Ayuntamiento de Sevilla una comisión mixta de carácter técnico para concretar la ubicación definitiva de la Ciudad de la Justicia y analizar las circunstancias derivadas del planeamiento vigente y de la situación patrimonial de los terrenos".

Ante esta "tesitura y larga espera", el TSJA considera "imprescindible acometer reformas "más ambiciosas" en el edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián, donde hay mucho espacio "infrautilizado" desde que en enero de 2010 se produjo el traslado de los juzgados de lo Penal a la sede del edificio Noga.

El TSJA constata que las instalaciones del edificio del Prado "continúan deteriorándose" y señala que las puntuales obras de adecentamiento que se han llevado a cabo "no remedian en modo alguno las crónicas carencias y deficiencias de unas instalaciones obsoletas e impropias de esa capital".