La oficina de prevención, intermediación y protección de la Junta de Andalucía en Sevilla ha evitado 374 desalojos de familias en los primeros seis meses de su funcionamiento, según datos ofrecidos ayer por la Consejería de Fomento y Vivienda.

Tras firmar un convenio de adhesión de 17 municipios sevillanos con Vivienda, la consejera Elena Cortés explicó que el decreto-ley para asegurar la función social de la vivienda, en vigor desde ayer, permite "reforzar enormemente los servicios que prestan las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda". Asimismo, en un comunicado de la Consejería, Cortés subrayó que la nueva norma implica un "cambio radical en el significado propio de la vivienda como un derecho y no como una mercancía".

Cortés explicó que "ya está teniendo una aplicación inmediata con las primeras solicitudes de familias interesadas en acogerse a la medida, que prevé la expropiación temporal del uso de aquellos inmuebles inmersos en ejecuciones hipotecarias iniciadas por entidades financieras".

Durante su intervención, aseguró que desde su departamento se "continuará trabajando para que ninguna familia se quede sin casa", y ha resaltado que "para desarrollar esa labor necesitamos seguir sumando apoyos a este frente institucional contra la lacra social de los desahucios".

Por ello, felicitó a los alcaldes de los 17 municipios de Sevilla que se han adherido al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que en Andalucía cuenta ya con 129 ayuntamientos, así como con el respaldo de la FAMP y de la Diputación de Huelva.

"Desde que comenzamos nuestra andadura en este Gobierno de coalición, la Consejería de Fomento y Vivienda ha dado continuamente pasos para luchar contra esta lacra social que afecta a los más débiles", ha asegurado Cortés.

Entre otras medidas, recordó la paralización de los desahucios en el parque público de viviendas en casos de empobrecimiento sobrevenido, "una medida inédita" en el ámbito autonómico.

De los 374 expedientes puestos en marcha en Sevilla, 121 se han resuelto ya de forma positiva recurriendo a diversas vías como la negociación de la dación en pago y el alquiler social, la modificación de las condiciones del préstamo hipotecario o la intermediación ante juzgados para la suspensión de la subasta o del lanzamiento. Los restantes 253 expedientes están en trámite, lo que significa que las familias siguen en sus viviendas mientras se tramita su petición.