Ante la congelación que mantiene la Junta de Andalucía desde 2012 de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), la intervención municipal y la Delegación de Hacienda consideraron inviable incorporar al borrador de las cuentas de la ciudad para el año que viene un aumento de la previsión de estos ingresos debido a la ausencia de una base jurídica y la falta de precedentes para realizar esta reclamación al Gobierno que encabeza Susana Díaz.

Esta reclamación institucional fue aprobada en la pasada sesión plenaria de septiembre tras una propuesta del Partido Popular que instaba al gobierno municipal a iniciar los trámites institucionales oportunos con objeto de remitir una petición formal a la Junta para que incluya en sus presupuestos generales para 2018 la cantidad que corresponde al Ayuntamiento "en concepto de Patrica por ese ejercicio que, como mínimo, ascenderá a 14,4 millones de euros". El partido de Beltrán Pérez propone que se utilicen 8,3 millones como gasto para iniciar un plan de climatización de los colegios. El resto del dinero (6,1 millones) sugiere que se destine a un plan de digitalización municipal con la finalidad de aprovechar las nuevas tecnologías en beneficio de los ciudadanos.

El equipo de Juan Espadas defiende que no existe ningún precedente en el Consistorio hispalense ni en ninguna otra administración local andaluza sobre una reclamación formal de estas cantidades desde la congelación del fondo hace cinco años. Tampoco de una consignación en un proyecto de presupuesto de una partida por este concepto que cuente con informes favorables de la intervención municipal. Argumentan que cualquier gasto que aparezca en la memoria de las cuentas vinculada a la reclamación de esta deuda no podrá ser ejecutada.

Los socialistas entienden que el acuerdo plenario debe seguir un itinerario de reclamación de carácter político tras el respaldo dado que tuvo por una mayoría de miembros de la Corporación municipal. "Sin efectos administrativos, jurídicos o presupuestarios mientras no exista base legal o una decisión política al respecto por parte del gobierno autonómico". Los fondos de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma se reparten en función del número de habitantes de cada municipio. Con estos fondos, los ayuntamientos abordan actuaciones y programas que, hoy por hoy, se les quedan cortos en materia de políticas de Igualdad o servicios sociales.

Una de las premisas que los populares incluyeron en la carta que enviaron al primer edil la última semana de noviembre para trasladarle varias peticiones a cambio del respaldo al presupuesto de sus doce concejales fue que el gobierno renuncie a aprobar cualquier operación financiera que implique endeudamiento. "El préstamo de 2018 ya ha sido solicitado, pero no debe acudirse de nuevo a esta vía de financiación si no se quiere poner seriamente en peligro el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera". Los socialistas defienden que la consecuencia directa de eliminar la deuda es reducir las inversiones directas y transferencias de capital por el mismo importe. Es decir, reducir el presupuesto en 30 millones de euros de inversiones.