El interventor defiende la legalidad del pliego y de las cláusulas

  • Asegura que Torrijos era el que "más insistía" en el concurso "para evitar la especulación"

Un momento de la declaración, ayer, de uno de los testigos. Un momento de la declaración, ayer, de uno de los testigos.

Un momento de la declaración, ayer, de uno de los testigos. / m. g.

El interventor del Ayuntamiento de Sevilla, José Miguel Braojos, defendió ayer la legalidad del pliego de condiciones del concurso público para la venta de los terrenos de Mercasevilla y de las dos cláusulas que según la Fiscalía fueron introducidas para favorecer a la empresa Sanma, que se adjudicó finalmente el concurso.

Braojos, que era miembro del consejo de administración del mercado mayorista, aseguró en la duodécima sesión del juicio que se celebra en el juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla que no apreció ninguna ilegalidad en el pliego elaborado para el concurso, ya que, "si la hubiera visto, lo hubiera dicho", al tiempo que destacó que entendía que era "legal" la cláusula de limitación al alza, que penalizaba aquellas ofertas que superaran en un 10% la media de la totalidad de las ofertas presentadas. También señaló que en el pliego se cumplió el principio de concurrencia.

En su declaración como testigo, José Miguel Braojos explicó respecto a la fórmula para la enajenación de los suelos que el ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos era el que "más insistía" en la cuestión de que se hiciera mediante un concurso público "para evitar la especulación con los terrenos".

El testigo coincidió con el ex secretario del Ayuntamiento en que él prefería la "subasta" como forma de enajenación de los suelos, pero "votó a favor del concurso porque era legal". El objetivo de la operación, prosiguió, era "salvar" la "preocupante y delicada" situación económica de Mercasevilla, por lo que el factor económico "era determinante" y al ser preguntado si no hubiera sido mejor sacar la mayor rentabilidad en la operación, respondió que "el accionista mayoritario es el Ayuntamiento y es el que dictamina lo que hay que hacer".

El interventor subrayó que en una reunión que mantuvo con la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante, una de las acusadas, ésta le había comentado que fue el ex director del área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño -también procesado- quien le "encargó" la redacción del pliego, algo que Bustamante ha negado rotundamente. El testigo dijo que entendió que Bustamante le comentó eso y añadió asimismo que Castaño era el "jefe político" de esta funcionaria.

Braojos también relató un encuentro "accidental" en septiembre de 2005 con otros dos acusados, el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet y el ex asesor jurídico Jorge Piñero, donde le plantearon la "venta directa de los suelos", pero el secretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez Colomina, se opuso y sostuvo que había que respetar el principio de concurrencia pública.

De la misma forma, Braojos se refirió a otro encuentro con María Victoria Bustamante en 2009 en el que le pidió que rectificara sus declaraciones ante la juez en las que había manifestado que tanto él como secretario habían participado en la elaboración del pliego de condiciones. "Le dije no vuelvas a meternos al secretario ni a mí porque eso es incierto. No colaboramos [en el pliego] ninguno de los dos", aseveró.

A una última pregunta del abogado Miguel Villegas, que representa al ex edil Gonzalo Crespo, sobre a qué se debía el temor a ser imputado en la causa si todo era legal, el testigo dijo que "no se siente responsable ni culpable de nada".

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