Los informes del interventor con fecha de 12 de mayo no dejan lugar a dudas respecto a una serie de contratos por valor de más de 7 millones de euros adjudicados a dedo por la Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad, que preside Antonio Rodrigo Torrijos (IU). Un Pleno de urgencia celebrado ayer, a tan sólo ocho días de las elecciones, sirvió para aprobar a última hora del mandato el pago de facturas por dicho valor. Torrijos ha usado sistemáticamente la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito para adjudicar obras del servicio de mantenimiento de las aceras, el alumbrado, las fuentes o monumentos. El alto funcionario municipal cuestiona este procedimiento: "Hacemos especial hincapié en la excepcionalidad que los reconocimientos extrajudiciales de crédito han de tener, habida cuenta de que se trata de compromisos de gasto asumidos excediendo el límite de los créditos presupuestarios disponibles y, por ende, sin ajustarse en modo alguno a la tramitación legal del proceso de ejecución del gasto referido". El interventor, acto seguido, va a más en su dictamen: "En este sentido, hacemos la advertencia de que la realización de este tipo de gastos sin la preceptiva cobertura procedimental exigida por la normativa vigente en la materia y, por tanto, nulos de pleno derecho, debe implicar la exigencia de depuración de responsabilidades por actuaciones administrativas irregulares".

El reconocimiento de crédito, o reconocimiento extrajudicial de deudas, permite avalar proyectos que no contaban con partida presupuestaria, fiscalización previa o no habían salido a concurso público. Normalmente se debe utilizar para expedientes aprobados "de urgencia" o de pequeña cuantía y, a pesar de considerarse "extraordinarios", no tienen límite siempre que sean aprobados en el Pleno municipal, como ayer ocurrió.

Los socios de gobierno, PSOE e IU, han usado de forma común desde 2004 una vía excepcional para realizar contrataciones que no tenían carácter de urgencia. Estos reconocimientos son un instrumento legal concebido para obras cuya ejecución realmente no pueden esperar, como, por ejemplo, el derrumbe del techo de un colegio o los destrozos en el panteón del cementerio. Es decir, intervenciones que no pueden esperar la tramitación de un expediente común tal como prescribe el procedimiento legalmente establecido.

Entre los principales acreedores de la Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad que dirige Antonio Rodrigo Torrijos se encuentran las empresas Sando, Martín Casillas, Aeronaval de Construcciones e Instalaciones y la entidad Imesapi, SA.

Además, el Pleno aprobó ayer, también a última hora, otros gastos igualmente autorizados por Torrijos, como los 1.490 euros que comprometió el Ayuntamiento de Sevilla para sufragar el desplazamiento a Madrid de un grupo de bolivianos que querían inscribirse en el censo electoral.