Miguel López Lora, inversor y accionista de Contsa con un total depositado de 484.380 euros, ha denunciado al presidente y administrador único de Contsa, José Salas Burzón, por estafa y delito societario y ha afirmado que "ha llegado el momento de desmontar esta trama".

En rueda de prensa conjunta con su abogado, Juan de Dios Rodríguez, ha explicado que la denuncia también es por falsedad en la lista de acreedores de Contsa, que eleva a unos 2.000 mientras que la empresa lo rebaja a 1.200 y el juzgado de lo mercantil a 609. La presunta estafa de Contsa -en suspensión de pagos y que el juzgado eleva hasta ahora a 49 millones de euros- es de una "magnitud impresionante" y constituye un "escándalo financiero", ha denunciado.

Miguel López y su abogado han expuesto que la estrategia del presidente de Contsa para captar fondos ante las dificultades financieras para devolver los altos intereses prometidos a los inversores fue ampliar capital por un millón de euros en 2007 mediante la suscripción de acciones por los mismos inversores. De esta forma consiguió bastante dinero mediante la transformación de los créditos participativos que tenían algunos inversores de Contsa en accionistas, sin voto, a cambio de altos intereses y con una contrapartida que consistía en aportar un depósito dinerario.

Con este procedimiento el presidente de Contsa logró captar de Miguel López Lora 366.000 euros en noviembre de 2007 a un tipo del 22 por ciento, más un dinero en depósito de 118.300 euros, justo en la fecha a partir de la cual este inversor y posterior accionista dejó de percibir intereses por el dinero depositado desde 2004.

Hasta el momento de transformar el crédito participativo en acciones, Miguel López Lora había cobrado sin problemas los intereses de sus inversiones, ha admitido. No obstante y posteriormente, intentó sin éxito recuperar su dinero o canjearlo por el patrimonio que, según el presidente de Contsa, tiene la empresa, pero le argumentó que esa operación es ilegal.

Para la captación de fondos, el responsable de Contsa recurrió a "amenazas" que apuntaban a Hacienda, ya que la empresa no practicaba las retenciones de los intereses que abonaba, según ha indicado el abogado, que ha apuntado la posibilidad de un delito fiscal por valor de quince millones de euros.

En su declaración ante el juzgado encargado del caso, el presidente de Contsa ha admitido la deuda de 306.000 euros con Miguel López Lora, además de un depósito de 17.000 euros, ha indicado el abogado de este afectado, cuyo objetivo es que el juez declare la quiebra fraudulenta de la empresa.

Tras esta nueva denuncia, que se suma a otras dos denuncias de inversores por estafa y apropiación indebida, el responsable de Contsa ha señalado a Miguel López de ser el culpable de que no cobren el resto de afectados. Miguel López Lora ha instado al resto de afectados a que presenten ante el juzgado sus documentos para que sean incluidos en la lista de acreedores -plazo que acaba el 24 de marzo- y también ha pedido agilidad en la actuación de los administradores judiciales.