64 inversores de Contsa se alían para personarse en el proceso

  • Además del procedimiento concursal, acudirán a la vía penal para reclamar los 3,3 millones de euros invertidos

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Unos 64 inversores de la empresa sevillana Contsa, que reclaman un montante global de 3,3 millones de euros invertidos, presentarán en próximas semanas un escrito conjunto para personarse en el procedimiento concursal abierto en el Juzgado de lo Mercantil después de que dicha sociedad presentara suspensión de pagos, y estudian abrir la vía penal contra los propietarios de la empresa.

Fuentes judiciales precisaron a Europa Press que estos afectados, que inicialmente eran más de 50 inversores y ya son 64, proceden en su mayoría de Sevilla aunque también algunos proceden de Huelva y estarán representados mediante un único abogado. Destacaron que esa unión permitirá que estos afectados "estén en el procedimiento concursal al mismo nivel que los otros grandes acreedores, los bancos o grandes proveedores".

La mayoría de estos inversores no aparece en el listado de la empresa al Juzgado de lo Mercantil. Con la vía mercantil, se plantean acudir a la vía penal "ante la posibilidad de que exista un presunto delito de apropiación indebida y malversación de fondos", puesto que "creemos que se desviaron fondos a otras sociedades cuyo principal accionista es Contsa Corporación Empresarial".

"No es lo mismo personarse en solitario en el proceso concursal que presentando un grupo con un montante importante, como es nuestro caso, lo que nos permitirá tener la misma calidad de tratamiento que acreedores como la Seguridad Social o las entidades financieras, de manera que será más fácil negociar y tratar con la administración judicial y llegar a mejores acuerdos".

Estos afectados, cuyo número podría incrementarse, ya recabaron información sobre cada uno de sus contratos y tienen las copias autenticadas de los mismos para presentarlas ante el juzgado. Estos contratos suman un total de 3,3 millones de euros.

Las personas perjudicadas por este caso invirtieron entre 6.000 y 300.000 euros y según las fuentes consultadas firmaron los contratos a finales de octubre "cuando el presidente de Contsa, José Salas Burzón, ya conocía la situación de la empresa".

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