Un éxito como las anteriores jornadas de movilizaciones. La huelga de jueces y fiscales convocada este martes sirvió para reivindicar y dar a conocer la situación en la que se encuentra la Administración de la Justicia. Los servicios mínimos autoimpuestos por los propios convocantes incluyeron las causas con preso y los trámites de los juicios con jurado.

Los servicios mínimos consistieron en una excusa de jurados y una causa contra un preso que terminó en conformidad en la Audiencia Provincial de Sevilla. En este caso, el presidente de la Sección Cuarta, José Manuel de Paúl Velasco, recordó que, junto con los otros dos magistrados (Carlos Lledó y Francisco Gutiérrez), "los tres miembros del tribunal se encontraban ejerciendo su derecho a la huelga", aunque actuaban atendiendo a los servicios mínimos que los convocantes habían regulado. A esta situación se sumó la fiscal.

Ésta ha sido la tercera huelga convocada por los jueces desde 2009 -la primera a la que se unen los fiscales- y la inactividad era evidente en los pasillos de los juzgados y la Audiencia provincial. En esta última sólo se celebraron el juicio de los ERE y los dos actos de la Sección Cuarta incluidos en los servicios mínimos. A ellos se sumaron los juicios inmediatos de faltas. Según datos de las siete asociaciones profesionales convocantes, el seguimiento del paro entre los jueces sevillanos superó en casi 19 puntos la media andaluza del 58,79% y en más de 12 puntos la cifra nacional del 65,4%. En Sevilla, el 75% de magistrados pararon en la capital y el 90% en la provincia. También entre los fiscales sevillanos el porcentaje de seguimiento fue superior al nacional (65,1 % en Sevilla y 51,9% de media en España).

Los portavoces de las asociaciones convocantes del paro, encabezados por la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, denunciaron la precarización de sus puestos de trabajo y su "carga de trabajo inasumible", que les impide atender correctamente las demandas de la sociedad y el derecho a una Justicia rápida. Una necesidad que aún se nota más en los pueblos. Segarra señaló el caso del fiscal de guardia de disponibilidad en el juzgado de Cazalla de la Sierra, que cobra "0,41 euros la hora por disponibilidad horaria completa". Respecto a la provincia, se registró un seguimiento del 90%, que llegó al 100% en Coria, Alcalá de Guadaíra, Utrera, Écija, Osuna, Marchena, Lebrija, Estepa, Sanlúcar y Dos Hermanas.

Los juzgados de Menores tuvieron un seguimiento de la huelga del 100%

Francisco Gutiérrez, portavoz del Foro Judicial Independiente, reiteró la petición de las asociaciones convocantes de que dimita el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y que los colectivos judiciales tengan "un interlocutor de buena voluntad". Catalá no asistió a ninguna de las reuniones negociadoras que iniciaron hace varios meses pese a que otros compañeros de gabinete, como el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, se "implicaron personalmente" en las conversaciones con policías y guardias civiles para mejorar sus retribuciones.

Segarra señaló que la situación "es insoportable" y el balance de las negociaciones con el Ministerio "decepcionante", porque "no hay ningún compromiso firme por la modernización" ni por atender otras demandas del colectivo.

Por otro lado Juan Romeo, portavoz de Jueces para la Democracia, afirmó que las cargas de trabajo en Sevilla "son totalmente inasumibles, situándose por encima de los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No es de recibo que las sentencias resueltas en Audiencia de los juzgados de lo Penal sean de hechos de 2012 o 2013 y que las jurisdicciones civiles hagan señalamientos para 2020".

Por su parte, Marta Valcarce, portavoz de de la Asociación de Fiscales, aseguró que no se trata sólo de una reivindicación laboral, porque "esperan que les escuchen por el interés público en general". Y es que, como indicó Francisco Gutiérrez, "si España tuviera ahora las mismas carreteras de hace 40 años, se colapsarían", y Andalucía tiene "la peor relación de juez y fiscal por habitante de toda España", concretó. La huelga fue secundada por 130 de los 173 jueces de Sevilla capital (75,1%) y por 30 de los 33 de la provincia (90,9%), frente a una media del 50% durante el último paro judicial del año 2013, aunque ya entonces alcanzó el 80% en algunas jurisdicciones.

En la provincia, el seguimiento fue del 100% en los juzgados de Menores, del 90,9% en los doce juzgados de la provincia y del 94,1% en los juzgados de lo Penal. La incidencia fue menor en las salas civiles de la Audiencia (46,7%) y en los 14 juzgados de lo Contencioso-Administrativo 50%).

El número de jueces que comunicaron a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía su decisión de secundar la jornada de paro fue de 562 de los 956 destinados en el territorio. En la Fiscalía, secundaron la movilización el 59,7% de los 67 fiscales adscritos a Sevilla capital y el 87,5% de los 16 de Dos Hermanas.

Por otro lado, los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia suscribieron una declaración donde expresaron que su posición institucional les impedía sumarse a la huelga, aunque reconocen las graves carencias sufridas por la Administración de Justicia. Por ello, apoyan "las justas y legítimas reivindicaciones así como la mejora de las condiciones profesionales ".

Entre los afectados por la huelga, algunos abogados como José Manuel Bejarano, que, si bien indicó que "entiende y comparte las reivindicaciones de jueces y fiscales", echó en falta la comunicación previa de este paro puesto que tanto su cliente -que acudía desde Alicante- como él encontraron el juicio suspendido después de llegar al edificio Noga.

Concentración de Red de Abogados de Andalucía en los Juzgados.