Un juez inhabilita 8 años al ex jefe de Homicidios por una detención ilegal

  • Ordenó el arresto de un conductor con el que tuvo un incidente de tráfico y al que sacó su pistola

Un juez inhabilita 8 años al ex jefe de Homicidios por una detención ilegal

Ordenó el arresto de un conductor  con el que tuvo un incidente de tráfico y al que sacó su pistola

"La has cagado, soy policía". Esta frase pronunciada por el que fuera jefe del Grupo de Homicidios de Sevilla Juan José Borrero a un conductor tras un incidente de tráfico y su actuación posterior, ordenando a sus compañeros que le detuvieran cuando no existía motivo alguno para privarle de libertad, le ha costado su puesto.

La Audiencia de Sevilla ha condenado a este inspector de Homicidios a ocho años de inhabilitación, como autor de un delito de detención ilegal, por haber provocado el arresto del otro conductor ofreciendo la "apariencia de una base legal" a una privación de libertad que, sin embargo, el tribunal considera que "no procedía en ningún caso", por cuanto "no existía motivo alguno para la detención".

El inspector condenado motivó igualmente un "despliegue policial innecesario", puesto que la Guardia Civil ya estaba actuando en el caso y había dejado previamente en libertad a la otra persona, tras haberle denunciado administrativamente por conducir con una tasa de alcohol de 0,39 miligramos por litro de aire espirado.

Los hechos que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha declarado como probados se remontan a las 15:30 del 6 de octubre de 2009, cuando el inspector Juan José Borrero, de 53 años, circulaba de paisano con su moto y tuvo un incidente de tráfico con otros vehículos al tratar de incorporarse por la entrada número 6 a la autovía A-49, en dirección a Sevilla, desde la rotonda de Gines y Bormujos. Como consecuencia de ese incidente el conductor de un turismo, José Miguel V. L., le tocó el claxon, siguiéndole a poca distancia. El policía le dejó pasar, pero le hizo señales al conductor para que se detuviera, como así hizo. Los dos conductores se apearon de sus vehículos y se encontraron a medio camino, momento en que Juan José Borrero le dijo: "La has cagado, soy policía", pero no le mostró ninguna identificación, ni sacó su placa ni le dijo su número de carné profesional.

Entre ambos conductores se inició una discusión verbal y el policía llamó al 112 pidiendo que se personara algún patrullero, mientras que el otro conductor le pedía insistentemente el "número de placa" al policía. Cuando el inspector dio al 112 los datos de su vehículo, José Miguel V. L. decidió irse del lugar, se montó en su coche y lo puso en marcha. El agente reaccionó poniéndose delante del coche para impedir que se marchara, y el conductor le dijo que se quitara pero no movió el vehículo. El inspector sacó su pistola y se dirigió a la ventanilla del conductor, rompiendo el cristal. Así logró meter el brazo, agarrar a José Miguel V. L. por la corbata y, a continuación, lo sacó "violentamente" del coche obligándose a quedarse en el lugar hasta que llegó una pareja de la Guardia Civil.

Tras hacerle la prueba de alcohol a este conductor, los agentes de Tráfico le dejaron en libertad, pero en ese instante fue abordado por dos policías, a los que el inspector se dirigió diciéndoles: "a éste me lo detenéis", siendo arrestado por un delito contra la Seguridad Vial.

Lo más reprochable de la conducta del inspector, según los magistrados de la Audiencia de Sevilla, es que de no haber contado con la grabación de las cámaras de la Dirección General de Tráfico (DGT) y con los "contundentes" testimonios de los agentes de la Guardia Civil, estos hechos "hubiesen podido conllevar consecuencias penales graves para el conductor del coche". Es decir, que si el incidente no se hubiese producido en una zona donde se ubican estas cámaras, el que hoy estaría sin duda condenado es el conductor implicado en el altercado, mientras que el acusado, "que dio una versión de los hechos magnificada y no ajustada a la realidad", no habría sido enjuiciado por estos hechos, dada la presunción de veracidad que se otorga a los funcionarios policiales.

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