La Audiencia de Sevilla ha fijado para el próximo 10 de octubre el comienzo del juicio ante un jurado popular por las presuntas facturas falsas en el distrito Macarena del Ayuntamiento, donde el fiscal pedirá condenas de hasta 4 años y 3 meses para los tres procesados.

El juicio por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y falsedad será el primero de trasfondo político que se celebre ante un jurado en la Audiencia de Sevilla, aunque hace unos meses quedó exculpado del caso el ex concejal José Antonio García (PSOE) en virtud de la llamada "doctrina Botín".

La Fiscalía de Sevilla ha pedido condenas de hasta 4 años y 3 meses de cárcel para los tres acusados: el ex secretario del distrito José Marín, el empleado municipal Manuel Portela y el empresario José Pardo por el supuesto pago en el año 2002 de facturas falsas por obras menores en el distrito Macarena.

El Ayuntamiento de Sevilla, que estuvo personado como acusación particular, finalmente no acusó a ninguno de los imputados y sólo pidió que devuelvan las cantidades cobradas indebidamente, que en fase de instrucción fueron cifradas en 20.254 euros.

El magistrado Francisco Gutiérrez, que presidirá el jurado, emitió en mayo pasado un auto en el que rechazó la nulidad por presunta vulneración de la presunción de inocencia de los acusados ya que se trata de algo que debe decidir el jurado.

Además, rechazó que los procesados hayan sufrido indefensión por haberles negado la declaración de ciertos testigos en la fase de instrucción, ya que tales peticiones se deben presentar en el momento de la preparación del juicio.

Las restantes cuestiones previas planteadas son "discrepancias sobre la valoración de la prueba" que deberá resolver el jurado, según el auto judicial.

En este caso quedó exculpado, en enero pasado, el ex concejal José Antonio García (PSOE) por la "doctrina Botín" que impide acusar a la acción popular, que en este caso ejercía el PA, si no lo hace la Fiscalía, una situación similar a la que libró al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en una denuncia por cesiones de créditos.

El letrado del ex secretario del distrito pidió la nulidad porque en la fase de instrucción no se admitió la declaración como testigos de los presidentes de dos asociaciones de vecinos y no se acordó pedir a la empresa de aguas Emasesa y a la Gerencia de Urbanismo información sobre determinados trabajos.

Según el letrado, las entidades municipales debían certificar que se hicieron nuevos trabajos en muchas de las 28 obras objeto de la acusación y los presidentes de los vecinos podrían certificar que los trabajos concluyeron a satisfacción, pese al informe en contra del perito judicial.