El juez deja en libertad a la madre del bebé que murió por malos tratos en el Cerezo

  • La joven sigue imputada por delitos de homicidio, maltrato en el ámbito familiar y abandono de familia.

La madre del bebé entra en los juzgados de Sevilla. La madre del bebé entra en los juzgados de Sevilla.

La madre del bebé entra en los juzgados de Sevilla. / D.S.

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El juez de refuerzo de Instrucción número 6, José Ignacio Vilaplana, ha decretado la puesta en libertad de Ruth F. G., la madre de Ian Steven, el bebé de seis meses que murió el 17 de junio de 2017 en el hospital Virgen Macarena, tras haber ingresado con fracturas en el cráneo y en las retinas, así como distintos moratones por todo el cuerpo.

El magistrado ha dictado un auto en el que, a petición de la Fiscalía y de la abogada de la madre, Marta Aguilar, ha acordado su puesta en libertad, aunque con la obligación de comparecer dos meses en el juzgado, al estimar el instructor que "a la vista del resultado de las diligencias practicadas y de las circunstancias personales" de la investigada, que tiene sólo 18 años, la medida de prisión provisional "habría perdido su carácter de estricta proporcionalidad y sería admisible su sustitución por libertad con la obligación apud acta de comparecencia judicial".

La madre sigue imputada por delitos de homicidio, maltrato en el ámbito familiar y abandono de familia, al igual que el padre del niño, Brian S. R. G., de 19 años, que continúa en prisión provisional, una decisión que se adoptó ante el riesgo de fuga, la gravedad de los delitos y la posibilidad de que alterar posibles fuente de prueba.

La defensa del padre criticó en su día la actuación "absolutamente negligente" de la Consejería de Igualdad y Políticas sociales, al entender que la actuación de la administración "raya el delito de omisión" por no haber intervenido en los momentos necesarios para evitar que los padres del bebé fallecido, "inexpertos e infantiles, carentes del más mínimo sentido de la responsabilidad, pudieran hacerse cargo" del pequeño.

El abogado del padre solicitaba al juez que acordara citar como investigada a la Consejería de Igualdad, "en la persona de sus más directos representantes que negligentemente y de manera incomprensible no han actuado" en el caso de un bebé que nació muy prematuro, a los seis meses de gestación, y cuyos padres vivían de okupas en un piso sin luz ni agua, ni muebles, y que acababan de salir de prisión por haber robado un teléfono móvil.

La defensa del padre aludía igualmente en su recurso a Ruth, la madre, asegurando que "se trata de una niña y no de una mujer, sin entendimiento y capacidad para afrontar esta situación", lo que le llevó a solicitar un examen del equipo psicotécnico y de un forense especialista en psiquiatría para determinar sus capacidades volitivas y cognitivas.

La Fiscalía de Sevilla había solicitó en su momento el ingreso en prisión de la madre al considerar que los malos tratos infligidos al bebé se remontarían no sólo al día del ingreso en el hospital, sino que tendrían un origen anterior, algo que implicaría supuestamente a Ruth F. G. "por acción u omisión" en estos hechos.El informe preliminar de la autopsia apuntó que la muerte del niño pudo deberse al denominado síndrome del niño zarandeado, sacudido o agitado que le fue diagnosticado a su ingreso en el hospital Macarena.Al bebé se le había diagnosticado un "hidrocéfalo externo benigno", lo que supone un aumento benigno del tamaño del espacio subaracnoideo, y además había tenido que ser intervenido de los intestinos. Era un bebé "muy débil y con poco peso", al nacer sólo pesó un kilo y medio". Además, no tenía bien formado el cerebro debido a que había nacido prematuro.

A estos problemas de salud se sumaban, según la defensa, otros factores de riesgo: la pareja vivía en una casa como okupas, acaban de salir de prisión, ambos estaban desempleados, fumaban "porros", la casa era un desastre y los dos eran "completamente incapaces" de comprender la realidad de la situación del menor porque, aunque eran adultos, la defensa entiende que sus mentes son como las de unos adolescentes de 12 o 13 años. "No entiendo cómo no actuaron los servicios sociales y les quitaron al niño", advirtieron fuentes de la defensa, que insistieron en que se trata de una pareja de "alto riesgo".

La defensa sostiene que en la muerte del bebé no hay dolo o intención por parte de los dos investigados, sino que podría tratarse de una "falta de pericia" del padre, que ha reconocido en su declaración que "zamarreó al niño porque se estaba ahogando" y ha señalado que los sanitarios que atendieron al bebé a su llegada al hospital Virgen Macarena comprobaron que éste tenía leche del biberón en la nariz y la tráquea.

La defensa insiste en que no aprecia la "intencionalidad" de querer matar al niño en la conducta del padre, que la tarde del 12 de junio de 2017 salió corriendo con el niño en brazos para llevarlo al servicio de Urgencias, que estaba a tan sólo unos 350 metros de su casa.

La última revisión a la que llevaron al bebé al hospital fue el 7 de marzo del año pasado, y desde entonces transcurrieron varios meses sin que los servicios sociales se interesaran por la situación del niño ni por el entorno familiar en el que se hallaba. Esto lleva a la defensa a reiterar su planteamiento respecto a por qué los servicios sociales "no retiró a un niño enfermo, que requería un seguimiento como éste" y sólo actuó cuando se hallaba ya ingresado en el hospital en estado crítico.

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