Otra madre reclama casi cinco millones por la retirada de sus hijas

  • Carmen Espejo exige al Ministerio de Justicia tres millones por el retraso "injustificado" de su caso y 1,8 a la Junta de Andalucía por el daño moral causado

El caso Iván y Sara fue el primero en el que una madre logró una indemnización millonaria por la imposibilidad de recuperar a sus hijos, pero no es el único. Carmen Espejo, una trabajadora de Lipasam que pleiteó contra la Administración durante siete años para que le devolvieran a sus dos hijas, ha presentado ahora sendas reclamaciones contra el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía, a las que exige 4,8 millones por los retrasos en la tramitación de su caso y por el daño moral causado durante el tiempo que se le privó de la compañía de sus dos hijas menores de edad, con las que ahora convive felizmente.

Enrique Carrasquilla, abogado de Carmen Espejo, confirmó ayer que ha presentado ante el Ministerio de Justicia una reclamación patrimonial por el funcionamiento "anormal" de esta Administración, dado que la madre "tenía derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y en este caso, en el que incluso se han traspapelado escritos del fiscal y de la Junta en el juzgado, Carmen Espejo ha estado seis años sin sus hijas".

Junto a la reclamación ante el Ministerio de Justicia, que puede acabar en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo -en el caso de que el Ministerio rechace la reclamación-, la representación jurídica de Carmen Espejo ha pedido por el daño moral causado a su familia, incluidas sus hijas y la abuela de las pequeñas, otros 1,8 millones de euros. Esta indemnización, de la que se hace responsable a la Junta de Andalucía, ya está siendo tramitada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Enrique Carrasquilla explicó que, en el supuesto de que ambas reclamaciones pudieran incluir conceptos comunes o que pudieran estimarse como duplicados, se renunciaría a esas partidas para que no se culpe a Carmen Espejo de pretender un "enriquecimiento injusto".

El letrado aseguró que el procedimiento para la devolución de las dos hijas de Carmen Espejo "debió haberse resuelto en ocho meses o un año a lo sumo, porque no tenía complicación, y no permanecer paralizado durante seis años". Entre los retrasos más destacados, el abogado citó los seis meses que tardó la Junta de Andalucía en remitir al juzgado el expediente administrativo por la retirada de las niñas, que se llevó a cabo el 18 de julio de 2000 porque la Junta entendía que había indicios de desnutrición, deshidratación y supuestos malos tratos, además de que las niñas se hallaban en un entorno predelectivo y conflictivo. La vista de la demanda de oposición al desamparo se celebró "un año después" de que se iniciara el proceso.

Tras siete años de lucha en los tribunales, la Audiencia Provincial de Sevilla rechazó en 2005 el desamparo decretado por la Administración sobre las niñas, en las que se había confundido un caso de maltrato con un síndrome propio de una enfermedad genética. El tribunal reconoció, al confirmar en un auto la devolución de las niñas a su madre, el "tortuoso y costoso recorrido procedimental" de la madre para recuperar a las menores, al tiempo que criticó la actuación del juzgado de Familia número 17 por no haber ejecutado en la práctica el regreso de las menores con su madre biológica.

El abogado Enrique Carrasquilla explicó ayer que en el caso de Carmen Espejo "lo importante es que las niñas, que ahora tienen 12 y 13 años, están muy bien con su madre y actualmente reciben una educación adecuada, en la que tienen clases de inglés, de informática y de natación".

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