El juez de refuerzo de Instrucción número 6, José Ignacio Vilaplana, ha ratificado la situación de prisión provisional para los padres del bebé de seis meses que murió el pasado 17 de junio en el hospital Virgen Macarena, tras haber ingresado con fracturas en el cráneo y en las retinas, así como distintos moratones por todo el cuerpo.

El magistrado, que ha rechazado los recursos presentados contra el auto que ordenó el ingreso en prisión, mantiene con respecto a ambos progenitores, Brian S. R. G. y Ruth F. G., de 19 y 18 años, respectivamente, la imputación por el delito de homicidio, maltrato y abandono de familia, a expensas de lo que resulte de las diligencias pendientes de practicar.

El juez espera fundamentalmente el informe definitivo de la autopsia y las declaraciones de testigos que han sido fijadas para septiembre, según confirmaron ayer a este periódico fuentes judiciales. En ambos casos, el juzgado entiende que permanece el riesgo de fuga por la gravedad de los delitos y la posibilidad de que los padres alteren posibles fuente de prueba.

La decisión del instructor ya ha sido recurrida en apelación por los padres ante la Audiencia de Sevilla, precisaron las mismas fuentes.

El padre del bebé había solicitado en su recurso la puesta en libertad, en un escrito en el que su abogado criticaba la actuación "absolutamente negligente" de la Consejería de Igualdad y Políticas sociales, al estimar que la actuación de la administración "raya el delito de omisión" por no haber intervenido en los momentos necesarios para evitar que los padres del bebé fallecido, "inexpertos e infantiles, carentes del más mínimo sentido de la responsabilidad, pudieran hacerse cargo" del pequeño.

El abogado del padre solicitaba al juez que acordara citar como investigada a la Consejería de Igualdad, "en la persona de sus más directos representantes que negligentemente y de manera incomprensible no han actuado" en el caso de un bebé que nació muy prematuro, a los seis meses de gestación, y cuyos padres vivían de okupas en un piso sin luz ni agua, ni muebles, y que acababan de salir de prisión por haber robado un teléfono móvil.

La defensa del padre aludía igualmente en su recurso a Ruth, la madre del bebé Ian Steven, asegurando que "se trata de una niña y no de una mujer, sin entendimiento y capacidad para afrontar esta situación", lo que le llevó a solicitar un examen del equipo psicotécnico y de un forense especialista en psiquiatría para determinar sus capacidades volitivas y cognitivas.

La Fiscalía de Sevilla solicitó el ingreso en prisión de la madre al considerar que los malos tratos infligidos al bebé se remontarían no sólo al día del ingreso en el hospital, sino que tendrían un origen anterior -algo que debe aún determinar el informe definitivo de la autopsia-, algo que implicaría supuestamente a Ruth F. G. "por acción u omisión" en estos hechos.

La autopsia debe esclarecer si la muerte del bebé se debió exclusivamente al denominado síndrome del niño zarandeado, sacudido o agitado que le fue diagnosticado a su ingreso en el hospital Macarena.