La juez de Instrucción número 1 de Sevilla tomará mañana declaración a cuatro médicos investigado por una presunta negligencia médica en el caso de una joven de 23 años que quedó estéril tras haberse sometido voluntariamente a un aborto tras 11 semanas de gestación en una clínica privada. Los médicos que prestarán declaración pertenecen a la clínica y a los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue atendida la joven.

Los hechos que se investigan se remontan al 27 de julio de 2016, cuando la joven decidió someterse a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), siendo derivada por el centro de salud de Mairena del Aljarafe a una clínica privada de Sevilla, donde se le practicó la intervención el 2 de agosto siguiente. A la denunciante se le practicó una interrupción "por legrado aspirativo", la técnica "habitual para succionar el feto y provocarle el aborto voluntario".

Durante la intervención, la joven comenzó a sangrar profusamente a través del cuello del útero, por lo que los facultativos que la atendieron en la clínica privada decidieron trasladarla de forma urgente al hospital Virgen Macarena al no poder detener la hemorragia. En el hospital, la joven estuvo cuatro días en la UCI, siendo dada de alta el 6 de agosto.

Sin embargo, seis días más tarde, el 12 de agosto, volvió a ingresar, en este caso en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, debido a que presentaba un nuevo shock hemorrágico y un importante cuadro de inestabilidad, según la denuncia. En esta ocasión, se le administró anticoagulante, practicándole un legrado uterino y colocándole un balón uterino para evitar la hemorragia. La denunciante recibió el alta el 17 de agosto, tras haber estado estos días en la UCI.

Tres días más tarde volvió a sufrir otro shock hemorrágico, en el que debido a la gravedad en la que se hallaba tuvo que ser "intubada y sometida a maniobras de reanimación por correr riesgo su vida". En este tercer ingreso por hemorragia masiva se le practicaron las pruebas diagnósticas "correctas" y se detectó que el sangrado se producía por una perforación uterina. Así lo explica el forense que emitió el informe aportado al juzgado que investiga el caso, donde sostiene que en el segundo ingreso el hecho de que los facultativos del Virgen del Rocío administrasen anticoagulantes a una persona que ha tenido dos hemorragias genitales masivas fue una "medida del todo imprudente" y a su juicio era una medida "arriesgada", ya que de producirse una nueva hemorragia la coagulación estaría farmacológicamente impedida y por tanto la magnitud de "la hemorragia sería mayor y de más difícil control".