¿Derecho de las familias o perjuicio para la enseñanza? Sobre estas dos premisas asientan sus discursos las dos partes enfrentadas a la hora de defender o criticar la ampliación de la ratio. Por un lado, la Consejería de Educación siempre se ha mostrado contraria a rebasar el tope de 25 alumnos por clase establecido por la LOE. Cuando lo ha hecho (algunas veces incluso se ha llegado hasta 28) es porque no ha tenido más remedio. Basa su rechazo en la opinión de los pedagogos de que una "masificación" de las aulas empeora la calidad de la educación, principio que también defienden los sindicatos de enseñanza como criterio básico para mejorar las condiciones laborales de los docentes.

Por otro lado, se encuentran las asociaciones de padres de alumnos católicos que defienden el derecho a elegir la educación que consideren oportuna para sus hijos, siguiendo en la mayoría de las ocasiones un ideario religioso. Estos padres suelen acudir a la Justicia para demandar el aumento de la ratio con el que poder satisfacer dicho derecho. El TSJA (donde acaban la mayoría de estos recursos) suele por norma general -aunque hay excepciones- dar la razón a los padres y anteponer su derecho a elegir un tipo de educación, lo que obliga a las delegaciones provinciales a modificar la organización educativa.