El Juzgado de lo Contencioso administrativo número 6 de Sevilla ha obligado al Ayuntamiento a dar "el preceptivo trámite de audiencia previsto legalmente" al pliego de condiciones generales contra la siniestralidad laboral, por considerar que esta norma (aprobada por el Consistorio en septiembre de 2004) no ha tenido publicidad suficiente para los afectados, en este caso la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), la asociación de constructores y promotores de obras (Gaesco), así como las patronales andaluzas de la construcción (Fadeco Contratista) y del Metal de Sevilla (Fedeme). El fallo judicial se produce en respuesta al recurso presentado por la patronal contra el contenido del citado pliego.

La reacción del Ayuntamiento de Sevilla será recurrir el fallo en los 15 días de plazo, según informó ayer el primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU), quien destacó que la sentencia no tendrá eficacia hasta tanto no sea firme.

Según los empresarios, el juez estima que la norma que aplica el Consistorio en las obras "debe ser anulada" hasta tanto se subsane la omisión del trámite de audiencia y "respalda las tesis empresariales que, desde diciembre de 2003, denunciaron la opacidad con que la delegación de Empleo llevó el asunto y el hecho de no haber sido informados, en ningún momento, sobre las líneas y trascendencia de la aplicación del pliego". La patronal apuesta por la cultura de la prevención para reducir los accidentes laborales.

Por su parte, el primer teniente de alcalde de la ciudad, Antonio Rodrigo Torrijos, aseguró que la sentencia "desestima uno por uno" los argumentos de las patronales sevillanas relativos a la verdadera naturaleza de los Pliegos de cláusulas administrativas generales contra la siniestralidad laboral y la falta de competencia tanto del Ayuntamiento de Sevilla como de la Junta de Gobierno Municipal.

El presidente de la CES, Antonio Galadí, declaró que la sentencia es clarificadora porque demuestra que "Empleo actuó en 2004 con oscurantismo y opacidad" al aprobar la norma y criticó que el contenido del pliego "hiere a los empresarios porque los pone de criminales, pese a que nadie puede castigar de antemano a nadie". Galadí cree que la siniestralidad laboral debe combatirse entre todas las partes, no sólo por los empresarios.

El secretario general de CCOO de Sevilla, Rafael Fernández, mostró ayer su sorpresa por la sentencia y la queja de los empresarios, ya que "la norma contra la siniestralidad fue sometida al Consejo Consultivo Andaluz, donde está representada la CES".