La Audiencia de Sevilla ha negado a una aseguradora su derecho a anular una póliza de enfermedad porque el titular no informase de sus riesgos de infarto, ya que su única obligación era contestar de forma veraz al cuestionario que le planteasen.

La sección octava de la Audiencia, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, anula la decisión de la aseguradora, que rechazó el siniestro declarado por el usuario por entender que éste había incumplido su deber de declarar sus riesgos de enfermedad y de infarto.

El tomador firmó en enero de 1996 un préstamo hipotecario que le obligaba a contratar una póliza de vida y enfermedad, en abril de ese año sufrió un infarto y en mayo suscribió el seguro al que se había comprometido.

Posteriormente, la Seguridad Social le declaró en situación de Incapacidad Permanente Absoluta y la compañía de seguros rechazó en diciembre de 1999 el siniestro y se negó a pagar las prestaciones aparejadas, al considerar que el usuario no le había informado de "todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo".

La Audiencia, sin embargo, entiende en su sentencia que "no existe un deber genérico de declarar las circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo, sino el deber de contestar de forma veraz a un cuestionario que la aseguradora le presente".

En este caso, la aseguradora no demostró "cuándo y cómo se hizo el cuestionario", por lo que las "manifestaciones genéricas y abstractas de carácter general no pueden equipararse al cuestionario exigido por la ley".

Junto a la ausencia de dolo o voluntad de engañar por parte del asegurado, la sentencia destaca que no contrató dicho seguro por iniciativa propia, sino "como un requisito o gasto financiero más del contrato hipotecario al que estaba vinculado", que se firmó el 30 de enero de 1996, varios meses antes de sufrir el infarto.