Ángeles S. A. es una administrativa de 45 años que se ha pasado una buena parte de los últimos siete años reclamando a su ex pareja el pago de la pensión alimenticia que le corresponde a la hija que tuvieron en común. Su caso es el de una madre que ha emprendido una tortuosa lucha de reclamaciones a distintas administraciones públicas con un único objetivo: "Restaurar" los derechos de su hija, que es una menor, y que su ex pareja atienda a sus obligaciones como padre.

En su camino, Ángeles S. A., que prefiere guardar su anonimato, se ha encontrado "error tras error" de diversos funcionarios y hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reconocido que tiene derecho a una indemnización por el "funcionamiento anormal" de la Justicia, ya que el proceso civil de reclamación de la pensión estuvo paralizado en un juzgado de Alcalá de Guadaíra durante al menos 21 meses. A pesar del respaldo del máximo órgano de gobierno de los jueces, el Ministerio de Justicia, a través de la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha rechazado la reclamación solicitada -12.000 euros- porque considera que como el padre de la niña se puso al día de la deuda en marzo de 2006 el perjuicio causado "ha sido reparado" y la reclamación, por tanto, ha quedado sin objeto. Lo que no ha valorado el Ministerio es que ese pago se produjo después de siete años sin haber abonado la pensión, un tiempo en el que la mujer tuvo que dar todos los cuidados a su hijo y reducir incluso su jornada laboral en parte. Tampoco ha tenido en cuenta el Ejecutivo que el progenitor, al mes siguiente de pagar todos los atrasos (más de 6.000 euros, la pensión comenzó siendo de 15.000 pesetas), en abril de 2006 volvió a dejar de abonar la pensión, una situación que ha continuado hasta la fecha.

La historia de Ángeles se remonta al año 97, fecha en la que inició el proceso de separación de su compañero sentimental. La sentencia de divorcio, en la que se reflejaba el régimen de visitas y la pensión alimenticia, fue dictada en febrero de 1998. El padre comenzó a pagar hasta que, en marzo de 1999, dejó de abonar la pensión y también de visitar a la hija.

En estos más de siete años, Ángeles S. A. ha aprendido muchas cuestiones relacionadas con el Derecho: prepara sus propios escritos y recursos, ha presentado una denuncia penal y está dispuesta a llevar su caso hasta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para lo cual está consultando jurisprudencia en francés. "Creo que se ha violado el derecho a un juicio sin dilaciones y se ha discriminado a una menor", asegura Ángeles, que cuenta en toda su actuación con el apoyo de su hija, que ahora tiene 13 años.

La madre recuerda que en este dilatado proceso se han visto implicadas instituciones públicas que "deberían funcionar con normalidad", por lo que "debería haber una criba en el personal". También aboga por la creación de un fondo social de pensiones de alimentos, similar al que existe en otros países europeos para los impagos. "Si mi hija estuviera percibiendo la pensión de ese fondo, los jueces acelerarían la tramitación". Ángeles considera que es "mentira" que las administraciones primen el interés de los menores, salvo que éstos "se encuentren en situaciones extremas, como ocurre en El Vacie". La madre sólo quiere que "se reconozca que ha habido un error y se restauren los derechos" de su hija.