La avalancha de obras del primer plan estatal (8.000) acabaron en su mayor parte a final de año, salvo excepciones, pero el Gobierno central aún adeuda a las empresas constructoras que participaron el 30% de las certificaciones de obras. En cifras, la Administración ha pagado 89,6 millones de euros y le quedan otros 51,4 millones por abonar de los 141 que beneficiaron a Sevilla capital, según datos aportados ayer por el edil de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis en la sede de la patronal Gaesco.

Según Miguel Rus, presidente de los empresarios del sector y del grupo Rusvel, hay preocupación por los cobros pendientes porque la primavera se presenta "muy dura". Una vez al mes se reúnen para el seguimiento y justificación de los proyectos con la Delegación del Gobierno. "Es un momento complicado. Acabado el Plan 8.000 y las obras, hay que hacer frente a los pagos. Hemos cobrado bien, pero hay muchas cosas pendientes de pago", explicó a la prensa tras aclarar que hay muchas obras terminadas a última hora (noviembre y diciembre).

La esperanza del sector es que se liciten pronto las obras de los 64 millones de inversión estatal del Plan 5.000, el segundo fondo estatal anticrisis. "Hemos tenido un invierno complicadísimo, muy lluvioso y muy poco productivo, que genera pocas certificaciones y pocos ingresos. Es importantísimo que los proyectos se liciten cuanto antes y las empresas empiecen a facturar y a mantener su nivel de ingresos para mantener el empleo o crear nuevos puestos", recalcó Rus.

Antes de junio habrá obras en marcha que se licitarán "en unos días". El Gobierno central ya ha dado el visto bueno a un paquete de 30-40 proyectos. Los empresarios sevillanos están convencidos de que el nuevo plan funcionará mucho mejor que el anterior por las mejoras introducidas en los pliegos de condiciones.

Los pliegos del Plan 5.000 mejoran "el empleo, la calidad y la competitividad leal" entre las empresas, según Celis, al incorporar el 90% de las sugerencias planteadas por Gaesco para acabar con los "errores" y la picaresca. La patronal consideró ayer que estas nuevas condiciones suponen un "avance muy sustancial" y Urbanismo estima que permitirán zanjar los "errores" del plan anterior, que generó contratos precarios y despidos al primar a las empresas que contrataran a nuevos trabajadores sin tener en cuenta si estaban especializados y preparados para ese trabajo, concentró demasiadas obras molestas para la movilidad de los vecinos de una vez y permitió que pocas empresas sin capacidad suficiente absorbieran demasiadas obras. El resultado afectó a la calidad de obra y a los plazos (el 15% de las obras del Plan 8.000 se han prorrogado hasta el 30 de marzo).

Por primera vez, los pliegos computan la creación de empleo por jornadas completas, priorizan que las empresas contraten a su propio personal y que si crean empleo tiren de parados de larga duración (mujeres, mayores de 45 y minusválidos) a ser posibles locales. También se otorgan más puntos a los proyectos técnicos que den calidad a la obra, se valora menos la oferta económica y más la reducción de plazos. Se establecen condiciones de temeridad en el precio y en las altas de Seguridad Social; se evita que pocas empresas acaparen obras y se valora un plan de comunicación para informar a los vecinos de las incidencias.