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investigación judicial | las pesquisas llevan tiempo estancadas en el juzgado de instrucción 1

Seis policías denuncian que llevan 22 meses imputados por un vídeo manipulado

  • No se ha podido acceder a la grabación original de las cámaras del local que registraron en busca de tabaco  ilegal. Están suspendidos de empleo y sueldo desde agosto del año 2015

En la primera de las imágenes se observa cómo uno de los agentes coloca en el mostrador de la tienda el dinero que había en una caja, mezclado con tabaco, para su recuento posterior. En la fotografía de la derecha, el mismo policía pone el dinero en una caja de plástico amarilla, que luego ofrece a la mujer, pero ésta lo rechaza indicándole que la ponga en un lado del escalón.

En la primera de las imágenes se observa cómo uno de los agentes coloca en el mostrador de la tienda el dinero que había en una caja, mezclado con tabaco, para su recuento posterior. En la fotografía de la derecha, el mismo policía pone el dinero en una caja de plástico amarilla, que luego ofrece a la mujer, pero ésta lo rechaza indicándole que la ponga en un lado del escalón. / D.S.

Seis policías nacionales llevan casi dos años imputados sin que se haya podido examinar la principal prueba de cargo contra ellos. A los agentes, todos ellos destinados en el distrito Macarena, se les imputan tres delitos: cohecho, hurto y falsedad documental. La acusación se basa en la denuncia de un matrimonio de origen rumano que regenta una tienda en la Ronda de Pío XII, que los policías registraron el 19 de mayo de 2015 en busca de tabaco de contrabando.

La principal prueba es un vídeo de las cámaras de seguridad del local, pero la grabación aportada por los denunciantes está manipulada. El vídeo está editado y cortado y no se ha podido extraer el original tras 22 meses de investigación. Fuentes del entorno de estos seis policías aseguran que la grabación fue llevada a la sede de UCOT (la Unidad de Coordinación Operativa Territorial, que en Sevilla ejerce la función de Asuntos Internos) por la propia pareja rumana, en compañía de un inspector de Extranjería a quien conocían de años atrás.

La pareja denunciante ha sido detenida dos veces después por contrabando de tabaco

Para los policías imputados, lo correcto habría sido que fueran los de Asuntos Internos a la tienda y, en presencia de la pareja denunciante, extrajeran la grabación original. De otra forma se rompe la cadena de custodia y no hay manera de comprobar lo que pasa cuando los policías abandonan el local. La pareja denunció que los funcionarios se habían llevado más de 17.000 euros de la tienda, así como el tabaco. El vídeo aportado por el matrimonio no puede acreditar que los policías intervengan el dinero porque sólo aparecen contándolo y, en varias ocasiones, los agentes les devuelven los billetes a la pareja, primero en una caja de color amarillo y luego en una bolsa.

Los funcionarios cuentan el dinero que hay en el negocio para comprobar si la cantidad excede del límite a partir del cual podría imputársele a la pareja un delito de contrabando. Como no llegaba a superarlo, lo que hicieron fue intervenir las cajetillas que había y levantar un acta por una infracción administrativa.

Los policías han pedido que se extraiga el vídeo original, pero tras casi dos años de investigación ha resultado imposible. En junio de 2015, los agentes solicitaron el acceso al disco duro original, pero éste no se entregó en el juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, encargado del caso, hasta enero de 2016, seis meses después. El disco duro sería entregado primero al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, que se inhibió tres meses después alegando que el asunto no era de su competencia.

Después sería enviado a la Guardia Civil de Sevilla, que tampoco pudo extraer las imágenes. Por último, se envió a una unidad central de este cuerpo en Madrid, que terminaría devolviéndolo sin poder sacar ningún tipo de imagen. Motivaba la no extracción en que se necesita el software original de las cámaras de videovigilancia. Esta respuesta no llegaría hasta el 18 de enero de 2017, es decir, más de año y medio después de que se iniciara la investigación. A día de hoy, sigue sin haberse podido visionar la grabación original y es imposible conocer lo que ocurre en los momentos posteriores al corte del vídeo. Las imágenes que se conocen proceden de un lápiz de memoria que extrajo la denunciante a través de un informático árabe, amigo suyo, que instaló las cámaras en el establecimiento sin los permisos pertinentes.

Los seis agentes no sólo están inmersos en un proceso judicial dilatado, sino que también permanecen suspendidos de empleo y sueldo desde el mes de agosto de 2015, lo que les está acarreando una situación que empieza a ser extrema, tanto económica como moralmente. Sobre ellos pesa una orden de alejamiento del matrimonio rumano, pero entienden que podrían trabajar en otros destinos mientras se aclara la investigación judicial, que permanece completamente estancada. De hecho, estuvieron trabajando varias semanas estando ya imputados.

La situación ha llevado a la mayoría de ellos a precisar tratamiento psicológico y a pedir ayuda económica a sus familiares, ya que tampoco se les permite trabajar fuera del cuerpo. Aun así, algunos de los agentes han tenido que hacerlo para tratar de llevar algo de dinero a su casa y han trabajado en el campo y hasta recogiendo chatarra.

Se les imputa una falsedad documental por un olvido al rellenar un acta

La filtración de la grabación también causó problemas a los policías, puesto que se les reconoce e incluso el hijo de uno de ellos tuvo que aguantar en el colegio cómo le decían que su padre era un delincuente. Uno de ellos fue amenazado a raíz de una declaración que hizo en Asuntos Internos, en la que decía que conocía de antes a la mujer porque había trabajado en clubes de alterne y algunos compañeros le habían levantado actas por estupefacientes. Por ello, la denunciante lo demandó por la vía civil y pudo acceder a todos sus datos personales, incluyendo su domicilio, lo que le ha llevado a tener mucha precaución cada vez que sale a la calle, y sobre todo cuando lo hacen sus hijos.

La pareja denunciante ha sido detenida en un par de ocasiones posteriores a la intervención de la Policía en su local. En julio de 2015, fueron arrestados en el marco de una operación de la Guardia Civil, en la que se decomisaron 5.264 cajetillas de tabaco ilegal en el distrito Macarena. En diciembre de 2016, cayeron en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, que se saldó con la aprehensión de 22.000 cajetillas, que eran transportadas desde la localidad cordobesa de Santaella hasta una nave del polígono Calonge. Además, uno de los miembros de la pareja tiene un antecedente policial por homicidio doloso.

Los policías reciben tratamiento psicológico y sus hijos han sufrido insultos en el colegio

Con esto, las fuentes próximas a los policías suspendidos lamentan que sus compañeros de Asuntos Internos le otorguen más credibilidad a delincuentes que a funcionarios que cuentan con numerosas felicitaciones públicas en su expediente. El delito de falsedad documental que se les imputa se debe a un error o defecto de forma. Al rellenar el acta de aprehensión de tabaco, el policía que la cumplimentó olvidó escribir arriba el número de placa de los funcionarios que participaron en el servicio, aunque sí estaban abajo, en la firma. Las actas deben estar rellenas para entregarlas en las dependencias a las que se lleva el tabaco para su destrucción. El tabaco pasó una semana almacenado en la comisaría del distrito y no se llevó hasta el 26 de mayo, por lo que los policías creen que el compañero que se encargó de trasladar la mercancía intervenida escribió los números para que le admitieran el acta en su destino. De esta manera, había una copia sin los números de placa y otra con ellos.

En un principio se les llegó a considerar como un grupo criminal, un cargo que finalmente se les ha retirado. Los imputados lamentan que se les siga considerando como tal. Prueba de ello es que no se ha hecho un reparto de responsabilidad de cada uno de los seis policías, al mismo tiempo que no se ha tenido en cuentan la presencia circunstancial de alguno de ellos en la intervención.

Los investigadores no han tenido en cuenta la declaración del inspector que ordenó y organizó la intervención, seleccionó al personal y dictaminó la fecha y la hora de la misma. Sin embargo, sí se citó a un jefe de sección que, aun teniendo conocimiento del servicio, renegó del mismo e incluso de la presencia en comisaría del inspector antes mencionado, algo que puede comprobarse mirando el cuadrante de turnos. Por todo esto, los agentes entienden que, por causas ajenas a ellos, están sufriendo una situación en la que se les condena a priori y se les vulnera flagrantemente la presunción de inocencia, sin poder subsanar el perjuicio y merma en sus vidas en caso de salir absueltos, o sufriendo una doble condena en el caso en el hipotético caso de que alguno resulte condenado.

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