Los cuatro policías locales enjuiciados por el fraude de las dietas falsas por asistir a juicio se declaran inocentes. En el juicio que ha comenzado este miércoles en la Audiencia de Sevilla, los cuatro agentes, que se enfrentan a una petición de condena de la Fiscalía de cinco años de prisión, han rechazado que confeccionaran dietas falsas, al declarar que asistieron siempre a los juicios para los que habían sido requeridos y rechazando de forma tajante que utilizaran un sello falsificado de los juzgados para cobrar las dietas.

Los policías, que pertenecían al grupo Giralda estuvieron suspendidos de empleo y sueldo durante nueve meses y en la actualidad están en activo, están acusados de haber defraudado presuntamente 5.038,75 euros al Ayuntamiento con el cobro de dietas falsas por asistencia a juicios, hechos por los que se les atribuye un delito continuado de falsedad en documento público en concurso medial con otro delito de fraude y exacciones ilegales. 

La Fiscalía acusa a los agentes Enrique B. J., Antonio C. M., Emilio J. M. y Gerardo P. C., que en su día pertenecían al Grupo Giralda -la unidad especializada que patrulla de paisano en el centro-, de haber "tramado un plan" para cobrar las dietas por asistencia a juicio entre los años 2007 y 2011, año en el que se suspendió el abono de las dietas por el maltrecho estado de las arcas públicas. Hasta el verano de 2011, el Consistorio abonaba 34,75 euros a los agentes por asistir a actos judiciales fuera de las horas de servicio. Según el Ministerio Público, los cuatro agentes simularon la "asistencia a tales actos cuando efectivamente no asistían, utilizando diferentes caminos para cobrar las dietas". El fiscal enumera hasta tres formas de fraude. En ocasiones, estando citados en el atestado los policías locales correctamente, "no comparecen a juicio y, sin embargo, sellan la autocitación", y otras veces, "no estando citados a juicio, confeccionan una cédula de autocitación y proceden a su sellado, rellenando y presentando para su certificación al funcionario competente los correspondientes cajetines documentales que estaban en las cédulas de citación, en las que también habían estampado en ocasiones el sello del juzgado correspondiente" o utilizando el mismo método, usan en otras "un sello manipulado de forma tal que impide conocer a qué juzgado pertenece". 

La Fiscalía señala que también actuaron falsificando íntegramente las citaciones, reproduciéndolas de forma fotomecánica mediante una impresora para dar verosimilitud a la asistencia, además de manipular el sello de entrada de documentos en las dependencias de la Policía Local para conseguir la finalidad dicha o presentar certificaciones u otro documento habiendo falseado la firma del correspondiente secretario judicial. 

Los cuatro agentes han negado todos los cargos y haber cometido el fraude con esos tres métodos. Enrique B. J. ha asegurado ante los magistrados de la Sección Cuarta que "nunca" utilizó un sello falso ni confeccionó citaciones falsas, ni utilizó una impresora para reproducir esas citaciones.

Este agente imputado y los otros acusados han explicado que había ocasiones en las que en un mismo día tenían que acudir a cuatro juicio, por lo que unos se quedaban en unos mientras otros iban a otros juzgados, llegando a decir que se "distribuían" en los juicios lo que no evitaba que cuando regresaran al otro juzgado hubiese acabado la vista oral.

Como argumento para su defensa también han señalado que las citaciones judiciales en la Jefatura de la Policía Local se guardaban en una "carpeta de cartón" que no estaba bajo el "control de nadie", y en la misma estaban las citaciones judicial del mes en curso y las pendientes para el mes siguiente. 

La Fiscalía acusa a Enrique B. J. de dos supuestos en los que se utilizó el sello falso pero según ha declarado el policía imputado ese día "asistió al juzgado y estuvo en los dos juicios con una diferencia de 20 minutos", y ha tratado de justificar que el secretario del juzgado certificara que no asistió a juicio diciendo que él estaba fuera y al final no sería requerida su presencia para declarar en la vista.

Por su parte, Emilio J. M. coincidió con el anterior imputado en que la certificación del secretario se remitía a "lo que pasaba dentro de la Sala" de vistas, pero los policías estaban fuera, y había ocasiones en que "se suspende el juicio, o el denunciado reconoce los hechos", o no se hacía pasar a los policía porque el juez consideraba suficiente la versión del denunciante o era "suficiente" la declaración de un agente y se renunciaba a los demás. En esos casos, no entraban en la sala pero "sí habían acudido al juicio y estaban a disposición del tribunal", lo que justificaría el abono de la dieta. A veces también citaban "a dos o tres policías por si alguno no podía ir o bien porque cada policía hacía algo en la intervención” que había motivado el juicio.

Un tercer agente procesado, Gerardo P. C. negó igualmente haber cometido ninguna falsedad ni cobrar indebidamente por las dietas de asistencia a juicio, además de rechazar que utilizara un sello falso del juzgado y coincidir en que en ocasiones tenía tres juicios y a lo mejor no le dio tiempo a estar “físicamente” en todos.

"A mí me está aburriendo"

Durante la declaración de este agente se produjo una anécdota cuando el abogado que ejerce la representación del Ayuntamiento de Sevilla le preguntó si tenía alguna explicación a que en sus citaciones apareciera un sello falso del juzgado. Gerardo P. C. comenzó entonces a poner de manifiesto que lleva "cuatro años formándose en documentos copia y no estaba de acuerdo con la pericial" oficial que obra en la causa.

El imputado siguió durante unos minutos ofreciendo detalles técnicos sobre cómo debe hacerse un estudio de los sellos, las tintas y las matrices empleadas, hasta que en un momento dado el presidente del tribunal, el magistrado José Manuel de Paúl Velasco, lo interrumpió:

-A mí me está aburriendo un poco… pero la culpa la ha tenido usted (dirigiéndose al letrado del Ayuntamiento) por la pregunta genérica que le ha hecho –aseguró De Paúl.

-¿Y qué va a decir el agente? Pues que la pericia es una mierda… -añadió el magistrado, lo que provocó las risas en la Sala.

No es la primera vez que el magistrado tuvo que intervenir a lo largo de esta sesión para reconducir los interrogatorios, puesto que en otro momento tuvo que dar por zanjada una discusión entre una abogada de la defensa y el fiscal en relación con los distintos métodos que habrían sido empleados para cometer el fraude. "Se acabó el debate, esto ya empieza a parecerse a un debate", resolvió José Manuel de Paúl.

Otro de los policías, Antonio C. M., ha insistido en que la carpeta donde se guardaban las citaciones "era un caos" porque no había control sobre ella, y ha defendido igualmente que "siempre asistió a las citaciones judiciales, siendo el agente el que le citaba y sellaba" el justificante que luego servía para que le abonaran las dietas.

En todos los juzgados menos el de Alaya

Los policías imputados utilizaron este método en 19 de los 20 juzgados de Instrucción de Sevilla, el único donde no falsificaron las dietas fue en el juzgado de Instrucción número 6, que entonces dirigía la juez Mercedes Alaya, que ya por entonces había iniciado la investigación de la macrocausa de los ERE. 

La Fiscalía reclama una condena de cinco años de cárcel para cada uno de los acusados, a los que solicita además una multa de 2.880 euros y la inhabilitación para el ejercicio de la función de policía por otros cinco años. Además exige una indemnización al Ayuntamiento de 5.038,75 euros, cantidad total que percibieron indebidamente, de los cuales uno solo recibió 2.328,25 euros y el que menos 799,25. 

Esta investigación fue iniciada por la Fiscalía en una de las primeras actuaciones del Grupo Especial de Policía Local (Gepol), la unidad de asuntos internos que posteriormente adquirió una gran relevancia con la investigación del fraude en las oposiciones, en la que hay 37 policías procesados.