Los profesores representados en los sindicatos educativos CCOO y Anpe reclaman, de nuevo, que las agresiones a docentes se tipifiquen como atentados a la autoridad en el Código Penal, una petición histórica presentada por ambas fuerzas sindicales ante el Ministerio Público de Andalucía (en octubre de 2006, por parte de CCOO) y ante el fiscal general de Estado (en noviembre de 2006 por parte de Anpe). Considerar a un profesor como autoridad pública permitirá que los ataques que sufran los docentes en el ejercicio de sus funciones sean juzgados en todos los casos como delitos, con penas de cárcel, y no como faltas.

La patronal de centros de enseñanza privada (Cece) y el organismo de la escuela católica (Fere-Ceca) también apoyan esta reivindicación de las plantillas docentes. "El reconocimiento de la figura del profesor como una autoridad pública sería muy positivo y permitiría fortalecer su seguridad y su defensa ante actos delictivos", señaló ayer Rafael Camaño, secretario general de Cece. Las dos patronales educativas, no obstante, incidieron ayer en que el problema de fondo -la violencia en los menores y la falta de respeto en las aulas- se tiene que resolver a través de la Educación, y no en los tribunales de justicia, ni tampoco en la cárcel. "Se tienen que adoptar medidas con contratos escuela-familia que sean prioritarias en las políticas. La Educación no debe ser un arma arrojadiza en campañas electorales", advirtió José María Fernández, secretario general de Fere-Ceca.

La medida cautelar dictada por la Fiscalía de Sevilla que tilda como atentado la agresión que sufrió un profesor en el instituto La Paz, sito en Rochelambert, es un paso más en la defensa de los profesores muy aplaudido por los representantes de las plantillas docentes. José Blanco, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, explicó ayer que esta medida -orden de alejamiento del alumno- "es muy positiva ante situaciones graves de violencia". Blanco considera que esta medida es "ejemplarizante" y apuesta por que se extienda a todos los casos de agresión a profesores en el ejercicio de su labor. El portavoz sindical también propone a la Consejería de Educación que refuerce la colaboración con otras ramas de la Junta como la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y con la Fiscalía para trabajar en la prevención de los ataques. "Es necesario que la Consejería de Educación dote de más recursos a los centros y de más autonomía", añadió Blanco. Reducir la ratio en las clases para que los profesores puedan dedicar más tiempo a los alumnos con problemas y aumentar el número de trabajadores sociales son, según CCOO, "medidas esenciales para mejorar la convivencia".

Desde el sindicato Anpe, el análisis de la situación en las aulas es muy similar. Francisco Padilla, vicepresidente de Anpe, comentó ayer que "se requiere la implicación de toda la sociedad porque la violencia en los menores nace de su entorno más inmediato. La violencia está muy presente hoy, en televisión, en las relaciones entre adultos, en los videojuegos etcétera", añade. Además de acudir a la Policía y a la Fiscalía, de endurecer las sanciones a los agresores, "es necesaria más prevención en la escuela", añadió.

En el último mes y medio, tres centros educativos de Sevilla y la provincia han registrado cuatro agresiones graves. En todas las víctimas son profesores o maestros. En tres casos el agresor es el familiar de un alumno; y en el último caso, el ataque lo perpetró un menor de 14 años. Ante las agresiones, los profesores cuentan desde noviembre de 2007 con un protocolo de actuación y establece que la víctima acuda a las fuerzas de la seguridad.