La Justicia ha dado la razón a una sargento primero de la Guardia Civil que denunció una serie de irregularidades en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Sevilla. La denuncia de esta sargento motivó una investigación judicial sobre un miembro de la unidad, cuya sede llegó a registrarse y se intervino el ordenador de un cabo, que declaró en calidad de imputado. Una vez terminada esta investigación, que fue archivada por el juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, la Dirección General de la Guardia Civil ordenó el traslado de la sargento, a la que intentaron retirarle la especialidad y fue enviada a las conducciones de presos a Madrid.

Esta orden se firmó el 4 de febrero de 2016 y en ella se exponía que la sargento había dejado de reunir las condiciones personales de idoneidad que en su día motivaron la adjudicación del destino. El 22 de abril se anunciaron vacantes de concurso de méritos para sargentos, entre las que estaba la plaza de esta agente, que reunía los méritos para su adjudicación pero a la que no se le concedió la plaza porque eso supondría "ir contra los propios actos". El concurso quedó desierto.

La suboficial presentó una demanda contra esta resolución y el juzgado central número 11 de lo Contencioso Administrativo ha fallado ahora a su favor. La sentencia, que puede recurrirse, estima que esta decisión "no estaba suficiente motivada ni justificada". La Dirección General alegó "necesidades del servicio" para no otorgarle la plaza. "Si bien es innegable que existe en la unidad una situación conflictiva desde hace tiempo, que ha derivado en bajas psicológicas de varios de los efectivos y de la propia recurrente (...) lo cierto es que dicha situación de conflicto no puede considerarse provocada por la actitud de la sargento, que cuenta con numerosas felicitaciones y que ha denunciado las conductas irregulares de los miembros de su unidad de las que ha tenido conocimiento", dice la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico.

La juez añade que la conflictividad que existe en el Seprona de Sevilla "no puede resolverse apartando a la sargento de la unidad, y si se hace así, impidiendo que en un concurso de méritos prevalezcan sobre tales méritos razones de necesidad del servicio, deberán ser éstas cumplidamente acreditadas y justificadas, lo que, al parecer de esta juzgadora no ocurre en este caso". La magistrada entiende que "no concurren motivos de suficiente entidad" para apartarla del Seprona, justo cuando fue ella la que denunció las conductas irregulares de un subordinado.

La investigación de estas conductas, consistentes en la elaboración de recursos para tumbar una serie de denuncias por comercio ilegal de productos pesqueros a empresas que trabajaban en Mercasevilla -que luego llevaban al cabo del Seprona como testigo- la archivó el juez de Instrucción 2 sin darle traslado a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta, que tenía que haber estado informada de la situación como perjudicada. La representación jurídica de la sargento, que ejerce el abogado Fermín Vázquez, ha instado a la Junta que pida la reapertura del caso.

La sentencia de lo Contencioso Administrativo también pone en duda "la imparcialidad" del coronel jefe de la comandancia de Sevilla, Fernando Mora Moret, "quien había sido previamente denunciado por la recurrente y contra el que el juez Togado Militar central número 2 ordenó abrir una investigación, aunque finalmente fue archivada". La sargento denunció al coronel por acoso laboral y abuso de autoridad tras una discusión ocurrida el 6 de marzo de 2015. Desde que denunció las presuntas irregularidades, la suboficial se ha visto inmersa como denunciante en dos procedimientos penales, ocho contenciosos y una querella por prevaricación. Desde entonces también le han abierto varios expedientes.