Movilizar a la ciudadanía contra los ajustes anticrisis que suponen recortes en derechos sociales y laborales. Con esta premisa, 32 asociaciones de Sevilla y Andalucía se han unido en la plataforma Alternativas a la Crisis, que nace con la meta de aglutinar a colectivos y a ciudadanos para exigir, en primer lugar, actuaciones urgentes a la Administración para impedir que las familias afectadas por la crisis pierdan sus hogares; y en segundo lugar, que aquéllas que ya han tenido que entregar su vivienda a entidades financieras por la imposibilidad de hacer frente a la hipoteca las recuperen. "Nos están vendiendo unas medidas como si fueran inevitables ante la crisis, que no hacen sino profundizar en los problemas de pobreza extrema y moderada, así como en las desigualdades que ya existían antes de la crisis", advierte María Isabel Mora, coordinadora de la Asociación Pro Derechos Humanos.

Desde 2009 hasta finales de 2010 2.953 personas han perdido su casa al no poder afrontar la hipoteca, 1.463 casos en 2009 y 1.490 en 2010, según estadísticas judiciales. Durante los últimos tres años, los juicios para subastar viviendas se han disparado, y son ya más de 1.490 las personas que han sido llevadas a juicio por el impago de sus créditos hipotecarios.

Ante este panorama, el catedrático de Economía Aplicada y miembro de la asociación ATTAC, Juan Torres, considera que "es hora de que el Gobierno destine ayudas a las familias afectadas por la crisis". Torres recuerda que "se han gastado billones en salvar a los bancos. Pedimos ahora que se salve a las familias". Para este experto en Economía Aplicada es "necesario que los ciudadanos reaccionen ante los recortes sociales" y apela a una "revolución pacífica para lograr un giro" ante políticas que, a su entender, perjudican a los trabajadores y a las familias afectadas por una crisis que ha sido generada por especuladores. Otro de los objetivos es reclamar al Parlamento de Andalucía que inicie una investigación para identificar a los responsables de la actual crisis. Para Juan Torres, "está en juego la supervivencia, el bienestar, la justicia y los derechos humanos".

Las 32 asociaciones integrantes de la plataforma han suscrito un manifiesto en el que reclaman 10 iniciativas, como un plan urgente contra el fraude y la evasión fiscal; medidas para garantizar la financiación a pequeñas y medianas empresas; o un plan contra la exclusión y la pobreza. Durante el próximo mes, la plataforma tratará de aglutinar a más colectivos y llegar hasta los ciudadanos para iniciar a finales de mayo un calendario de movilizaciones de protesta contra lo que consideran "una ofensiva sin precedentes contra el bienestar y los derechos sociales".