La juez que investiga el triple asesinato de una familia en Dos Hermanas rechaza dejar en libertad a la mujer y al padre de Ricardo García Hernández, el Pollino, que están en prisión provisional desde que fueron detenidos en relación con los hechos ocurridos en septiembre de 2017 en la barriada de Cerro Blanco de Dos Hermanas, donde fueron asesinados el turco Mehmet Demir, su mujer, Sandra Capitán, y la hija de ésta, Lucía Begines, de sólo 6 años.

La juez de Instrucción número 19 de Sevilla, Ana Escribano, ha dictado un auto en el que rechaza la petición de libertad planteada por la defensa de Elisa Fernández Heredia, la mujer del Pollino, y de Ricardo García Gutiérrez, alias el Cabo, padre del principal acusado por el triple asesinato.

En la resolución, la juez rechaza dejar en libertad a la mujer del Pollino porque entiende que, en contra de lo que alegaron estos acusados, ambos seguían "conviviendo en el momento de los hechos" en la vivienda de la calle Cerro Blanco donde se cometieron los crímenes y fueron enterrados bajo ocho metros cúbicos de hormigón en el zulo que había en el cuarto de baño de la vivienda. Esa convivencia, subraya la instructora, no le permite a la mujer del Pollino "alegar una ignorancia sobre lo sucedido".

Además, otros dos investigados, los que supuestamente fueron contratados por el Pollino para reducir al turco, sitúan a Elisa Fernández en la vivienda "inmediatamente antes y después" del triple asesinato, y uno de estos sospechosos también declaró que la mujer del Pollino le dio una patada a la niña para introducirla en la casa, una afirmación que según la juez puede estar corroborada por el hecho de que la autopsia revelara que la niña presentaba "efectivamente golpes en el tórax".

La instructora señala que es cierto que hay contradicciones entre estos dos coimputados, pero también que "ambos sitúan a Elisa en el lugar de los hechos y afirman que entró en la casa cuando ellos la abandonaron y ya la niña y la madre estaban en ello". A esto se suma el testimonio de un empleado de la hormigonera que llevó el material con el que se rellenó la fosa y que ha reconocido a Elisa como una de las mujeres que se hallaba en el exterior de la vivienda cuando llegaron, es decir, "inmediatamente después de cometidos los asesinatos".

De esta forma, la juez concluye que la mujer del Pollino es situada "desde el inicio de los hechos hasta la finalización de los mismos en los distintos escenarios", y recuerda que en este momento de la investigación no se descarta que el matrimonio y la niña pudieran haber sido secuestrados en su casas y llevados por la fuerza hasta el domicilio de Cerro Blanco.

Por lo que se refiere a la participación del padre del Pollino, Ricardo García Gutiérrez, la juez recuerda igualmente que los otros dos imputados lo sitúan en el lugar de los hechos desde el inicio, por cuanto es este imputado, apodado el Cabo, quien los traslada hasta la casa de sus hijos y quien se encuentra en las inmediaciones cuanto llegan el turco Mehmet Demir, su mujer Sandra Capitán, y la hija de ésta, Lucía.

Dice la juez que es también el Cabo quien se ofrece a pagarles la cantidad que les había prometido el Pollino "por prestar sus servicios", y además también los empleados de la hormigonera sostienen que un día antes del asesinato acompañó al Pollino para encargar el hormigón con el que fueron sepultados los cadáveres, y también lo vieron en las inmediaciones de la casa de Cerro Blanco el día de los hechos.

La magistrada también ha señalado que los testigos que han declarado acerca de cómo se cerró la fosa en el cuarto de baño de la vivienda aseguran que el Cabo ofreció a varios toxicómanos una cantidad de dinero para abrir una zanja, pero estas personas no quisieron aceptar el trabajo porque "sabían que en el casa había pasado algo, toda vez que habían escuchado disparos horas antes". Los que rellenaron la fosa una vez tapada con el hormigón, han señalado al Cabo como la persona a cuyo domicilio acudieron para cargar los sacos de mortero con los que realizaron el relleno, precisa la juez en el auto.

Después de analizar todos estos extremos, la titular del juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla concluye que se puede atribuir a la mujer y al padre del Pollino su participación en los tres delitos de asesinato y en el delito de detención ilegal de las tres víctimas.

La juez justifica el mantenimiento de la medida de prisión provisional por las "gravísimas penas" que pudieran corresponderles a estos investigados y que "hacen temer seriamente que puedan eludir la acción de la Justicia".

La instructora advierte asimismo que el conocimiento de estos sospechosos de la familia de las víctimas puede suponer además un "riesgo de que traten de influir en su testimonio o incluso atentar de algún modo contra ellos", por lo que ha decidido rechazar la petición de libertad planteada por las defensas de estos dos investigados y, en su lugar, confirma su decisión de que continúen en prisión provisional.