Los recortes presupuestarios y el descenso de las inversiones en la Justicia están llevando a esta Administración, ya de por sí colapsada, a una situación sin precedentes. La sobrecarga de trabajo es generalizada en todas las jurisdicciones, pero la crisis económica ha disparado el número de litigios, sobre todo en los juzgados de Primera Instancia, de lo Mercantil y de lo Social. El problema es de tal calibre que los jueces han adoptado medidas de autorregulación y limitación de los señalamientos de los juicios porque, según han denunciado, la situación está afectando a la salud de los magistrados. No sólo no se crean nuevos órganos judiciales para tratar de aliviar el elevado número de asuntos que debe resolver cada juzgado -superando ampliamente los módulos ingreso que el Poder Judicial estima como adecuados- sino que además se han paralizado las oposiciones de jueces y fiscales, además de que la plantillas de funcionarios adscritos a los órganos judiciales no han crecido en muchos casos desde hace 20 años, cuando el nivel de saturación era sensiblemente inferior.

Las consecuencias del binomio crisis-falta de inversiones está ralentizando una Administración caracterizada desde hace décadas por su excesiva lentitud. El decano de los jueces, Francisco Gutiérrez, recuerda en este punto que la situación afecta ya a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, "que tienen derecho a que sus problemas sean resueltos en tiempo razonable, pero también de forma meditada", de ahí que los magistrados hayan adoptado medidas de autorregulación de su carga de trabajo.

Las bajas por enfermedad de los funcionarios no se cubren si son inferiores a 30 días y, con respecto a los jueces, el proyecto de forma de la ley orgánica del Poder Judicial propone un sistema exclusivo de sustitución interna, que añadirá a los jueces la carga de trabajo de otro juzgado cuando su titular esté de baja, permiso o vacante.

Medidas como la imposición de tasas judiciales para el ejercicio de determinadas actuaciones no judiciales no son la panacea de la Justicia. El magistrado Víctor Nieto, presidente de la Sección Octava de la Audiencia de Sevilla, cree que, al contrario, "dificultan gravemente la defensa de los intereses legítimos y de los derechos conculcados de los ciudadanos, de tal forma que acciones cuyo éxito es más que probable no se ejercitan por el coste económico que el pleito puede acarrear".

Si a todo ello se unen los recortes salariales, como la pérdida de la paga extraordinaria de Navidad, la situación se convierte en un cóctel que amenaza con llevar a los jueces y fiscales a repetir la histórica huelga de 2009.

Emilio de Llera, consejero de justicia e interior

"No está en nuestra mano la creación de nuevas plazas de magistrados y fiscales"

El consejero de Justicia asegura que "comprende perfectamente" las críticas de los profesionales de la Justicia y es "consciente" de la elevada carga de trabajo que soportan y de "los medios a veces insuficientes de los que disponen". "Sin el esfuerzo ímprobo que los profesionales del servicio de la Administración de Justicia demuestran cada día sería imposible ofrecer a la ciudadanía un servicio público de calidad", asegura De Llera, que apunta a que el reto actual es "abordar una mejor distribución de los funcionarios e implantar un modelo de organización más eficaz". El reto que se marca para el año próximo consiste en "dar un impulso definitivo" a la Oficina Judicial y Fiscal en Andalucía. "Para las mejorar en materia de personal y para otras muchas estamos supeditados a las competencias que corresponden al Ministerio y la Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No está en nuestra mano la creación de nuevas plazas de magistrados, fiscales y secretarios, que es lo que más se demanda en estos momentos y una necesidad acuciante para rebajar la gran carga de trabajo".

María José Segarra, fiscal jefe de sevilla

"La falta de inversión en los juzgados está sobrecargando al personal de Justicia"

"No es tanto si existe o no algún problema puntual de falta de abastecimiento de material, que no deja de ser puntual, sino la situación de incremento de trabajo como consecuencia de la crisis económica". La fiscal jefe cree que la falta de inversión en nuevos juzgados para hacer frente al incremento o la falta de refuerzos de personal "está sobrecargando a las personas que trabajan en la Justicia, que al mismo tiempo sufren importantes recortes salariales y no perciben impulso de los poderes públicos para resolver la situación".

Francisco José Guerrero, decano de los jueces de Sevilla

"La Justicia sólo se ha mantenido gracias al sobreesfuerzo de jueces y fiscales"

"La Administración de Justicia viene soportando desde siempre la falta de inversión en medios materiales y humanos y se ha adoptado por las administraciones encargadas de su financiación una política cicatera, a la espera de que con el paso del tiempo se aliviara la litigiosidad". El decano de los jueces explica sobre las medidas para disminuir la litigiosidad, como el incremento de las tasas para interponer demandas o recurrir que "se desconoce que la razón principal es que España tiene la media de jueces y fiscales por habitantes inferior a la media del resto de los países europeos. Los jueces hemos tratado de explicar a la opinión pública que la situación de la Justicia, cercana al colapso, sólo se ha mantenido gracias al sobreesfuerzo de jueces, fiscales y funcionarios de esta Administración", asevera Francisco Guerrero. El juez decano señala que la situación soportan, con un trabajo excesivo y sin límite horario, está afectando a la "salud y a la vida personal y familiar" de los jueces y la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

Víctor Nieto Matas, magistrado, presidente de la sección octava de la audiencia de sevilla

"Los recortes en la Justicia pueden quebrar el Estado de Derecho"

"Hace ya varias semanas y después de haberlo solicitado telefónicamente en varias ocasiones, remití un oficio pidiendo dos sillones para mi despacho que se había roto. Ayer me llamó el funcionario de la Junta para decirme que me tendría que conformar con los de un compañero, que a su juicio sólo los utilizaba para dejar la ropa, o en todo caso con uno de segunda mano, pero de que ningún modo podría disponder de dos sillones. Más allá de esta anécdota que puede evidenciar la penuria de medios económicos de la Justicia, hay que destacar que en esta época de recortes presupuestarios los realizados en los servicios esenciales pueden quebrar el propio funcionamiento de ese Estado y hacer imposible la convivencia social". El magistrado recuerda que el Estado de Derecho sin Justicia "no puede existir".

José Joaquín Gallardo, decano de los abogados de sevilla

"A los políticos no les ha interesado jamás la Justicia"

El decano de los abogados considera que aunque las carencias de la Justicia han sido siempre "endémicas", se ha llegado ya a una "situación límite y caótica". La maquinaria judicial está "definitivamente colapsada porque quienes trabajan en ella precisan reformas y medios de toda índole que nadie les facilita y a los justiciables se les hace esperar varios años para enjuiciar un asunto". La explicación a la falta de inversiones es evidente para el decano: "A los políticos no les ha interesado jamás la Justicia y ésa es la razón última de que sea el servicio público que menos se ha modernizado durante los más de 30 años de democracia. A los políticos no les interesa que los jueces puedan controlar sus actuaciones y entienden que la Justicia no da ni quita votos". En un Estado de Derecho es de "todo punto inaceptable una pretendida ley de tasas que impida económicamente a muchos ciudadanos el acceso a la Justicia". Las carencias no llegan sólo a dificultar que haya folios y bolígrafos, el colegio de abogados "ha cedido las tres banderas oficiales que lucen en la fachada de unas sede judicial de la provincia, ante la dificultad para facilitarlas por la Junta".

Miguel Ángel Ramos, representante de justicia del sindicato CSIF

"La Junta opta por la eutanasia de la Justicia en lugar de curarla"

La Justicia "agoniza lentamente", los juzgados son insuficientes y las plantillas escasas, abandonadas literalmente a su suerte cuando no están completas, asegura el representante sindical, que acusa a la Junta de no dar soluciones a la precaria situación. "La Junta no está por la labor de curar la grave enfermedad de la Justicia. Al contrario, ha optado por dejarla morir, por la eutanasia de la Justicia y de todos los servicios y empleados públicos". Miguel Ángel Ramos señala que los "severísimos recortes" impuestos en la Justicia han derivado en que "no haya ni un solo orden jurisdiccional que escape a su terrible sentencia de muerte". El número de juzgados es "inferior" al que se necesita para hacer frente a la litigiosidad que ha generado la crisis económica y las "exiguas plantillas con que cuenta cada órgano han de hacer frente a una espectacular carga de trabajo sin refuerzos, sin servicios extraordinarios y sin ser cubiertas debidamente las ausencias".