Los recursos ante los malos tratos son muchos, pero están dispersos

  • La Mesa sobre Violencia de Género insiste en que la coordinación no es suficiente

La Mesa Municipal de Coordinación de Violencia de Género se reunió ayer para elaborar un protocolo de coordinación entre las administraciones que mejore la atención de las mujeres víctimas de violencia, que a veces "se sienten mareadas por la administración", según la Concejalía de la Mujer.

La directora de la concejalía de la Mujer, Victoria Olía, destacó que las víctimas "se sienten a veces mareadas por la administración, que tiene muchos recursos pero muy dispersos", de ahí la importancia de la coordinación entre las distintas instituciones.

A la reunión asistieron representantes de los Juzgados, de la Fiscalía, de la Unidad de Valoración Integral de la Administración de Justicia, la Delegaciones de Justicia y Salud de la Junta, del Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local, de la Delegación del Gobierno español, el Colegio de Abogados y del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

La directora de la delegación municipal de la Mujer insistió en que el protocolo de colaboración podría estar culminado el 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional contra la Violencia, y sería el primero de este tipo que se elabora en España.

Uno de los aspectos en los que se detecta falta de coordinación es, según Olías, que existen más mujeres con órdenes de protección que atendidas por teleasistencia móvil, un sistema que, en su opinión, deberían tener todas las que tienen una orden de este tipo.

La directora del IAM en Sevilla, Ángeles García, resaltó también "la necesidad tan grande que tenemos de coordinarnos entre todas las instituciones y ámbitos que trabajamos con mujeres víctimas de la violencia". Todo ello usando como base la Ley Integral Contra la Violencia de Género nacional y andaluza, que se publicó en diciembre de 2007.

La representante del turno de oficio en violencia de género del Colegio de Abogados de Sevilla, Amparo Díaz, por su parte, lamentó que la administración de Justicia "no tiene los mecanismos suficientes para valorar determinados casos concretos en los que hay gran peligro" para la mujer y sus hijos.

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