tribunales La revisión de la sentencia por el crimen de Marta del Castillo

La repetición del juicio

  • La Fiscalía y los padres de Marta plantean al Supremo la nulidad de la vista para que un nuevo tribunal vuelva a juzgar a Miguel Carcaño y a los otros tres acusados

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Un nuevo juicio para corregir las incongruencias de la sentencia por el asesinato de Marta del Castillo. Tanto la Fiscalía como los padres de Marta plantearán al Tribunal Supremo el próximo 7 de noviembre que se declare nula la sentencia que condenó a 20 años de cárcel a Miguel Carcaño por un delito de asesinato y absolvió a los otros tres acusados, y que ordene la repetición de una nueva vista oral con una sala compuesta por tres magistrados distintos.

La petición no resulta nada baladí, aunque se trata de la primera vez que el Ministerio Público solicita en un recurso de casación la repetición de un juicio de tanta repercusión pública como el caso del asesinato de la joven sevillana. La decisión de pedir la repetición fue adoptada por la propia Fiscalía del Tribunal Supremo, después de que la Fiscalía de Sevilla anunciara la presentación de un recurso que en principio iba destinado a buscar la condena como encubridores del hermano del asesino confeso Javier Delgado Moreno y de su amigo íntimo Samuel Benítez, dado que respecto a María García la acusación pública entendía inicialmente que no había elementos para recurrir.

La Fiscalía del Supremo argumenta, a la hora de justificar la repetición del juicio, que los magistrados que enjuiciaron el caso realizaron una incorrecta valoración de las pruebas, lo que condujo a una sentencia "gravemente errónea y arbitraria", con independencia del "esforzado trabajo" de los jueces de la Sección Séptima de la Audiencia.

La Fiscalía del Supremo planteó cinco motivos de casación y en dos de ellos llega a la conclusión de que no hay más opción que volver a celebrar el juicio. En estos motivos se alegan vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva -rechaza la absolución de Javier Delgado, María García y Samuel Benítez- y se solicita además la condena de Miguel Carcaño a otros dos años de cárcel por el delito contra la integridad moral -por haber desarrollado un "ensañamiento del dolor" de la familia con sus continuos cambios de declaración- y que se le imponga el pago de los 616.319,27 euros del coste de la búsqueda de Marta, al estimar el Ministerio Público que dicho gasto fue "provocado directamente" por el asesino con esos cambios de versión respecto a lo que hicieron con el cuerpo de la joven.

La Fiscalía pide la repetición empleando para ello la propia doctrina del Supremo que señala que sin oír al acusado no puede revocarse -para condenar- una sentencia absolutoria que se ha producido "tras haber escuchado el tribunal de instancia al acusado y a otros testigos" y haberse convencido de su inocencia por razón de la "inmediación" que ofrece el juicio.

La Fiscalía cuestiona qué sucede cuando en la valoración de las pruebas se produce un razonamiento "ajeno a la lógica, al sentido común" y se obtienen conclusiones "arbitrarias", y precisa que en este supuesto sólo cabe declarar la nulidad de la sentencia y celebrar un nuevo juicio.

La Fiscalía recuerda que, en casos de tanta "importancia social", las deficiencias de una sentencia son "magnificadas en la conciencia social" y lesionan los derechos de las partes y "los sentimientos de las víctimas", ocasionando además un "efecto negativo en la percepción de la Administración de Justicia".

Los padres de Marta, que también han recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, tampoco ven más opciones que la nulidad del juicio y celebrar un nuevo proceso ante un jurado popular o en la propia Audiencia de Sevilla. La familia, que ha presentado siete motivos de casación, solicita la condena de los cuatro acusados y sólo con carácter subsidiario plantean además la condena de Miguel Carcaño por un delito de profanación de cadáveres y de Samuel Benítez como encubridor y también por profanación.

La acusación particular considera que se vulneraron los derechos de la familia al rechazar la Audiencia la declaración de siete testigos -un amigo de Carcaño, las hermanas de Rocío y una amiga de ésta, los padres de Samuel, y el comisario jefe de la brigada de Policía Judicial Manuel Piedrabuena- y de otros peritos que, según el abogado de la familia, "podrían haber influido tanto en el fallo como en la defectuosa redacción de la sentencia". La acusación tilda de "absurda, ilógica e irracional" la sentencia en puntos cruciales de los hechos.

El tercer recurso presentado contra la sentencia es el del propio Miguel Carcaño, quien no está de acuerdo con la condena de 20 años por un delito de asesinato y que solicitará al Supremo que se le reduzca la pena en más de cinco años, al considerar su letrada que debería haber sido condenado sólo como autor de un delito de homicidio, que lleva aparejada una condena entre diez y 15 años.

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