La representación jurídica de la empresa 'World Seafood Center Trade Mark S.L.' quiso aclarar este miércoles que la denuncia que interpuso por un presunto delito de prevaricación al impedir a un restaurante el uso de una plaza de 6.500 metros cuadrados ubicada en la avenida Pablo Picasso de la capital hispalense, va dirigida contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y no contra el gerente del ramo, Miguel Ángel Millán. 

Así lo dieron a conocer fuentes del caso, quienes quisieron aclarar este extremo tras el comunicado emitido en el día de de este martes por el Consistorio hispalense en el que este señalaba que es el gerente "quien ciertamente tiene las competencias y firma en materia de ocupación de Vía Pública", añadiendo que la denuncia "incurre en un grave error, se desconoce si involuntario, ya que se dirige 'al gerente de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis', cuando es obvio que debería dirigirse al 'gerente de Urbanismo, Miguel Angel Millán'". 

En este sentido, las mismas fuentes insistieron en que la denuncia "se dirige contra el responsable de esta medida, que es Alfonso Rodríguez Gómez de Celis", por lo que negaron que hayan incurrido "en un grave error" al dirigirla contra el concejal de Urbanismo del Consistorio hispalense, que ha sido citado como imputado por el Juzgado de Instrucción número 17 el próximo día 12 de mayo a partir de las 11:00 horas, mientras que a las 11:30 horas, también como imputada, declarará la delegada del Distrito Nervión, Cristina Galán. 

Según relata la denuncia, este restaurante ha venido explotando desde octubre de 2007 una plaza pública situada en la avenida Pablo Picasso, "con la autorización, conocimiento y anuencia del Distrito Nervión del Ayuntamiento de Sevilla", añadiendo que, con respecto a esta plaza, la empresa "realizó el vallado de la misma así como el acondicionamiento de ésta, convirtiéndola en una plaza cerrada y con accesos restringidos por varias puertas con candado". 

De este modo, añade que, al recinto vallado, sólo tenía acceso otra sociedad mercantil -también denunciada en un principio por el restaurante-, al tiempo que pone de manifiesto que el día 8 de diciembre de 2009 la parte demandante tuvo conocimiento de que los candados "han sido forzados" y sustituidos por otros, "de los que no se ha facilitado copia de llave alguna", mientras que unos toldos decorativos pertenecientes también a la demandante "han sido arrancados o amarrados". 

Tras ello, y tras indicar que la Gerencia Municipal de Urbanismo, a consecuencia de una denuncia del Distrito Nervión de octubre de 2009, "remitió a esta parte un decreto de la Gerencia que determinaba el abandono de la plaza y la recuperación de oficio de la misma", asevera que las administraciones públicas denunciadas -Distrito Nervión y Gerencia Municipal de Urbanismo-, "prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, presuntamente, o han dado orden de cortar los candados y acceso a la plaza, o han permitido que lo haga la mercantil también denunciada".

Respuesta del Ayuntamiento

No obstante, el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Millán, aclaró ayer que la denuncia interpuesta por un restaurante al que presuntamente se le ha impedido el uso de una plaza pública en la Avenida Pablo Picasso se dirige contra el propio gerente y no contra el concejal de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, citado como imputado el próximo día 12 de mayo junto a la delegada del Distrito Nervión, Cristina Galán. 

En un comunicado de prensa, Millán puso de manifiesto que es el gerente "quien ciertamente tiene las competencias y firma en materia de ocupación de Vía Pública", añadiendo que la denuncia "incurre en un grave error, se desconoce si involuntario, ya que se dirige 'al gerente de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis', cuando es obvio que debería dirigirse al 'gerente de Urbanismo, Miguel Angel Millán'". 

En este sentido, aseguró que la actuación de la Gerencia "ha sido en todo caso correcta y ajustada a la legalidad, como así se lo expondrá, llegado el caso, a la juez de Instrucción número 17, a la cual por cierto ya se ha puesto en conocimiento de aquel supuesto error del denunciante".

Según indicó Millán, "aparte otras probables finalidades extrajudiciales, la denuncia ha sido la reacción de la empresa a un requerimiento por parte de la Gerencia para que cesara en la ocupación ilegal de una zona de dominio público, que la empresa venía realizando y para la que no tenía título ni licencia de ninguna clase".

Por último, Millán explicó que se ha puesto a disposición de la juez "para aclarar la actuación de la Gerencia en el expediente de ocupación ilegal de vía pública abierto a la empresa denunciante, así como para acreditar que, contra lo que falsariamente se sostiene en la denuncia, no ha existido desposesión coactiva o violenta por parte de la Gerencia, sino acceso pacífico y legalizado, con intervención de la autoridad judicial, a dicho espacio público ilegalmente vallado por parte de la empresa".